Una sorpresiva injerencia vendría ejerciendo el congresista, Héctor Becerril Rodríguez, en el caso ‘Los Limpios de la Corrupción’, mafia que habría sido liderada por el exalcalde de Chiclayo (recluido) Roberto Torres Gonzáles.
El hecho fue puesto al descubierto con el Memorándum N° 07- 2019, el cual es rubricado por el general PNP, Neyre Fermín Rodríguez Moreno, director nacional de Investigación Criminal, dirigido al coronel PNP, Harvey Julio Colchado Huamani, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC).
El documento tiene como referencia el Memorándum N° 937- 2019 del 10 de julio, el cual da cuenta que, “…el general PNP, José Luis La Valle Santa Cruz, comandante general de la PNP, informa sobre documentación presentada por el congresista de la República, Héctor Becerril Rodríguez, el cual da a conocer presuntos actos de inconducta funcional indebidos cometidos por efectivos PNP”.
Héctor Becerril es involucrado actualmente en el caso ‘Los Corchines’, por el cual el exalcalde, David Cornejo, purga prisión preventiva
El memorándum continúa “disponiendo” que la DIVIAC a través de la DEPDIAC Chiclayo, solicite a la oficina de Inteligencia Territorial Policial de Chiclayo, al término de la distancia, copias certificadas de tres documentos.
Uno es el Informe N° 136- 2014 DIRTEPOL- LAM del 29 de setiembre de 2014, así como el Informe N° 120- 14 DIRTEPOL-LAM del 29 setiembre de 2014; y el Oficio N° 1027- 2015- Región Policial LAM de fecha 4 de junio 2015.
Fuentes del Ministerio Público revelaron que, la documentación solicitada correspondería al caso ‘Los Limpios de la Corrupción’, por lo que se presume que el legislador habría pedido investigar a los oficiales de la policía que participaron en aquella investigación, operativos y capturas.
Las mismas fuentes señalaron que, al estar el caso ‘Los Limpios’ judicializado, ninguna autoridad (ajena al Poder Judicial) puede interferir en el mismo, caso contrario – indicaron– vulneraría el numeral 2) del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú, lo cual configuraría el delito de avocamiento indebido contemplado en el Artículo 410 Código Penal.
