Según ley, la finalidad de las Sociedades de Beneficencia es prestar servicios de protección social de interés público a personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.

 

Pero, parece que las últimas gestiones que pasaron por la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCH) se olvidaron de esta parte de la norma, la cual, además incumbe que, del 100% de los ingresos que percibe, el 70 % debe ser gastado en la atención a los que más lo necesitan y solo el 30% en gastos administrativos.

 

En ese ínterin, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la beneficencia chiclayana, objetó el pasado 4 de febrero del presente año, que 20 trabajadores de la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) pasaron a laborar, en esta entidad, bajo el régimen laboral 728.

 

Lo extraño de la situación es que, el OCI, observó que esta decisión la tomaron las autoridades de la SBCH en base a las “sugerencias” del Ministerio Público.

 

 

Así reza el Oficio N° 00018-2019 que el OCI le dirige al entonces presidente de la SBCH, Elar Vallejos Rojas, en referencia al documento proyectado por César Rimarachín Rimarachín, jefe de la unidad de Recursos Humanos.

 

Según el OCI, Rimarachín informó que 20 trabajadores CAS fueron contratados bajo el régimen laboral del DL N° 728, “teniendo en cuenta las sugerencias de la Fiscalía y por el principio de primacía de la realidad, sus contratos han sido desnaturalizados y muchos de ellos mantienen proceso judicial pendiente de resolver”.

 

Renglón seguido, el OCI manifiesta “…la Fiscalía como órgano legitimado para perseguir el delito, no es el competente para dilucidar o declarar en favor de los trabajadores, por lo que cualquier recomendación que haya podido hacer al respecto, no tiene efectos vinculantes”.

 

En este mismo oficio, el OCI indica, “por tanto deviene en irregular que la entidad conceda el derecho laboral en cuestión, puesto que ello implicaría incluso una colusión de los procesos laborales por sustracción de la materia en perjuicio de la entidad”.

 

El OCI también le remitió a la SBCH, la Orientación de Oficio N° 0019, en la cual, en el punto uno y único del documento le advierte la irregularidad.

 

“La entidad (SBCH) ha publicado la convocatoria de trabajadores modalidad de Contrato Determinado N° 001-2019, generando el riesgo de que se destine mayores recursos para gastos administrativos y menores gastos para la implementación de actividades comerciales y actividades de protección social de interés público”.

 

Al respecto, La Industria entrevistó al expresidente del directorio de la SBCH (enero a abril 2019), Elar Vallejos Rojas, quien aseguró que al asumir funciones encontró todo este proceso de contratación avanzado, el cual se inició a fines de 2018 (cuando era alcalde de Chiclayo, entidad que designa al presidente de la SBCH, el recluido, David Cornejo).

 

Vallejos sostuvo que, una vez notificado por el OCI, le remitió a su entonces gerente general, Juan Carlos Grandes Orbegoso, el Memorando N° 045 del 21 de marzo de 2019.

 

“En este memorando dispongo dejar sin efecto los contratos que el OCI había observado y adjunto los informes de Asesoría Legal institucional y el informe del asesor legal externo”, enfatizó.

 

También se requirió la versión al actual presidente de la SBCH, Oswaldo Mendoza Otiniano, quien manifestó que esta situación (contratos) los encontró al asumir su gestión (abril 2019).

 

 

“Esos contratos van a quedar nulos y ellos (trabajadores) deben regresar a su régimen anterior, eso fue indebidamente, como tienen más de 20 años trabajando van a su régimen de origen el 276, dando cumplimiento a lo observado por el OCI”, refirió.

 

Asimismo, dejó en claro que este proceso (nulidad) se realizará en breve, “antes de que adquieran el derecho de pagarles su gratificación (de Fiestas Patrias) los regresaremos al 276”.