El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) registra a 8500 profesionales, de los cuales 30 son procesados por la Comisión de Ética.

 

Los motivos son diversos, pero la mayoría va desde inconducta funcional a malas prácticas, así como falsedad, aprovechamiento indebido de su cargo, entre otros.

 

Estos procesos disciplinarios son tratados por la comisión del ICAL y pronto serán revisados cuando la Asamblea Extraordinaria de Delegados integre la norma estatutaria para conocer la apelación que corresponda en cada caso.

 

El decano del ICAL, José María Balcázar Zelada indicó que el procesado tiene derecho a apelar, puesto que la comisión especial puede equivocarse, entonces se reevalúa el caso para proceder con la sanción que va desde multas, suspensión temporal, separación y cancelación de su inscripción como colegiado.

 

“Por ley siempre hay doble instancia, es decir se puede apelar y eso vamos a evaluar en la Asamblea, por ejemplo en la Corte Superior de Justicia te sentencia por querella, pero pueden apelar. El colegio de Abogados de Lima también permite la doble instancia y este tema se va a tocar en la Asamblea Extraordinaria de Delegados convocada para el 31 de mayo”, comentó.

 

Explicó que de aprobarse el cambio de estatutos, se sancionaría por primera vez a los abogados que caigan en inconductas funcionales.

 

Balcázar Zelada aseguró que tras modificar los estatutos, el Comité de Ética, deberá emitir las resoluciones de sanción contra los abogados integrantes de esta orden profesional que han incurrido en faltas e inconductas funcionales.

 

A la vez hizo un llamado a los miles de colegiados para desempeñar sus funciones con ética y profesionalismo, y de esta forma no desprestigiar a los organismos del estado como el Ministerio Público y el Poder Judicial, donde trabajan la mayoría de ellos.