Un tono sombrío comenzó a tener la culminación de los trabajos de la planta de transferencia de residuos sólidos que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) ejecutaba con dinero aportado por la Cooperación Suiza.

 

Como se sabe, el contrato que la comuna firmó con la empresa colombiana CRD Sucursal Perú, está bastante salpicado de corrupción, siendo uno de los indicios investigados por la Fiscalía en el caso ‘Los Corchines’, supuestamente liderada por el encarcelado exalcalde, David Cornejo Chinguel.

 

De acuerdo a las indagaciones del Ministerio Público, el exburgomaestre habría recibido varios miles de soles de coima a cambio de entregar la buena pro a la citada empresa constructora, siendo los nexos, según las declaraciones recogidas por la Fiscalía, los hermanos Héctor, Wilfredo y Antonio Becerril Rodríguez.

 

Además, en este asunto están implicados los exregidores Boris Bartra Grosso y Luis Cabrejos Ucañay; así como la prófuga empresaria, Mirtha Gonzales Yep y el propietario de la constructora, el colombiano, Juan Camilo Rocha.

 

 

Ante tal grave situación, en las últimas horas sostuvieron una importante reunión en Lima, el gerente general de la MPCh, Cristian Rosenthal Ninapaytan el procurador de esta comuna, Fermín Electo Valdivieso Villena, el coordinador local contratado por la consultora de la Cooperación Suiza, David Fernández Suárez, la oficial nacional del programa de la Cooperación y el estudio de abogados de la misma.

 

“La cooperación volvió a recomendar hacer el peritaje técnico de la obra, pero además, esta vez, comenzó a brindarle un apoyo de asesoría jurídica a la municipalidad para las acciones legales correspondientes respecto al contrato de la planta de transferencia”, comentó David Fernández.

 

La Industria le preguntó al consultor, ¿la Cooperación Suiza le aplicará la cláusula Anticorrupción a la MPCh?, y respondió, “por el momento no se aplicará, pero no se descarta hacerlo, pero la posibilidad sí existe exactamente”.

 

“Lo que sí quisiera aclarar, es que el principal responsable de este contrato es la MPCh, la cooperación, si bien es cierto, apoyó al financiamiento de este proyecto, pero no tiene ninguna relación directa contractual con la constructora, sin embargo, al ser responsable de proyecto, está apoyando con soporte legal a la comuna”, explicó.

 

 

Fernández Suárez explicó que, la cláusula anticorrupción que aparece en el convenio firmado entre la MPCh y la Cooperación Suiza, dice claramente que, en caso de vulnerarse, el documento deviene en nulo.

 

“En esta se detalla las causales por las cuales se podría rescindir el contrato, una de ellas justamente son prácticas corruptas”, comentó.

 

La Industria tuvo acceso al convenio, el cual, en su Artículo Octavo- Cláusula Anticorrupción, entre otras cosas, dice: “Las partes declaran…que cualquier oferta, obsequio, pago, remuneración o beneficio de cualquier tipo, realizado a favor de quien sea, directa o indirectamente, con la intención de ser premiado con un mandato o contrato dentro del marco del presente acuerdo o durante su ejecución, será tomado como un acto ilegal o una práctica corrupta.

 

Cualquier acción de este tipo constituye prueba suficiente para justificar la anulación del presente acuerdo, de la licitación o contrato resultante, o para tomar cualquier otra medida correctiva prevista de manera expresa por la ley aplicable”, se lee en el convenio.