El ministro de Cultura, Rogers Valencia, arguyó ante la Comisión de Cultura del Congreso de la República que la anulación de la multa a la inmobiliaria R&G SAC, que destruyó una casa de estilo republicano y tres muros incas para la construcción del hotel Sheraton en el Cusco, fue una estrategia para evitar la prescripción de la resolución de suspensión de obras por la Municipalidad del Cusco y para que la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco pueda iniciarle un nuevo proceso. Esa fue la salida del ministro ante las críticas de los congresistas de la citada comisión a quienes, además, les prometió responder por escrito.

 

La cita también sirvió para responder sobre los robos en el Archivo General de la Nacional y la intangibilidad, la poligonal de la zona arqueológica de Nasca.

 

Durante la sesión, el ministro propiamente no dijo mucho. Ante ello, el congresista Wilbert Rozas (Frente Amplio) recalcó el sentir de los cusqueños por la destrucción de los bienes patrimoniales. Asimismo, señaló que hay delitos de corrupción en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

 

Por su parte, Francesco Petrozzi, quien también estuvo presente en la sesión, insistió en que la situación debe llevarse a una consulta popular, además de crear una comisión para defender el patrimonio. Mientras que Armando Villanueva Mercado (Acción Popular) increpó que “hay empresas que pueden subvertir el interés público”.

 

En ese marco es que el ministro Valencia señaló que responderá a los congresistas por escrito. Sin embargo, se detuvo a explicar su proceder. La constructora tenía un proceso desde el 2008. Primero, la licencia fue otorgada por la DDC del Cusco; no obstante, en el 2015, los permisos los dio la municipalidad de la ciudad. En ese sentido, la constructora R&G SAC obtuvo la licencia por la municipalidad.

 

En ese mismo año, el alcalde de Cusco de entonces, Carlos Moscoso, suspendió la obra por alterar el complejo arquitectónico de la ciudad. Según la ley, la institución sancionadora debe hacerlo en un plazo máximo de 4 años. Valencia afirmó que debía actuar ante eso, el plazo vencía en marzo del 2019, sino prescribía la resolución.

 

Indicó que al anular las multas, evitó la nulidad judicial y, así, la DDC de Cusco puede iniciar un nuevo proceso. Señaló que la Fiscalía ya empezó las investigaciones y él no se puede adelantar a los hechos.

 

Con respecto al Archivo General de la Nación, se discutió sobre la emisión del programa Cuarto Poder, donde se dio cuenta de una mafia de venta de documentos históricos.

 

Durante el debate, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaúnde mostró documentos firmados por Andrés Avelino Cáceres y José Rufino Echenique, que habrían sido sustraídos del AGN.