Todo tipo de reacciones nacieron a raíz de que el jefe de la División de Administración de Terrenos y Patrimonio Fiscal del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), Jorge Alberto Gonzales Uribe, le informara a la jefa de Administración de esta sede, Gisela del Rocío Zelada Cortez, una asignación indebida de unidad móvil.
Tal como informó La Industria en su edición del martes, Gonzales Uribe indicó –en el documento– sobre la asignación indebida de la camioneta Mitsubishi de placa EGX- 802 al señor José Wilmer Loconi López, quien no tiene ningún vínculo contractual laboral con el GRL, por lo que se trasgredió diversas normas.
“…dicha unidad móvil estaba siendo conducida por el servidor CAS César Malca Quesquén, quien fue presionado para que entregue las llaves al señor José Wilmer Loconi López, quien tenía que trasladar al gobernador regional”, reza el oficio.
Ante esto, el jefe de la oficina de Comunicaciones del GRL, William Santa Cruz Ortiz, manifestó que, Loconi era el chofer del gobernador regional (Anselmo Lozano), el mismo que era un servidor por contrato CAS.
Esto fue de inmediato puesto en tela de juicio por el consejero regional, Antonio Sánchez Chacón, quien anunció una profunda investigación.
HUACCHILLO
Sobre el particular, ayer, el consejero regional oficialista, Manuel Huacchillo Gonzales, salió con un mensaje algo enredado con relación a que si Loconi es o no un trabajador del GRL.
Huacchillo indicó que no se podía partir de ligero, porque algunas personas dicen que (Loconi) no sería una persona autorizada para sacar la movilidad; o que otros señalan que no tiene vínculo laboral; mientras que algunos afirman que es una camioneta que no está destinada para estos fines.
“No puedo decir que (Loconi) ha sido o no un trabajador de Anselmo Lozano cuando fue alcalde de La Victoria, no me consta; otros dicen que ha sido un trabajador del GRL a quien se le ha vencido su contrato. Nosotros vamos a pedir más información para emitir opiniones más concretas”, reveló.
Por último, enfatizó que de hallarse algún tipo de irregularidad verán los procedimientos del caso, bajo la premisa que “toda gestión pública debe cuidar los bienes del Estado”.
