El Juzgado de Motupe aceptó la demanda contenciosa administrativa que presentó el colectivo ciudadano, contra la Municipalidad Distrital de Olmos.

 

El punto de debate es la licencia de construcción para la edificación de la Nueva Ciudad de Olmos “Charles Sutton” que otorgó en su momento la comuna distrital.

 

El colectivo pidió la anulación de dicha licencia de construcción otorgada a la empresa Obrainsa porque según se indica, la licencia se otorgó sin cumplir con los requisitos exigidos, en ese entonces, por la Ley de Habilitaciones Urbanas y su reglamento.

 

“El Juzgado aceptó la demanda en contra de la municipalidad y le otorgó el plazo hasta el 2 de octubre para que responda, pero hasta ahora no ha dado señales de interés”, dijo el defensor legal del colectivo de Olmos, Germán Vásquez Merino.

 

Agregó, que lo que corresponde es que el Juzgado declare fundada la demanda y anule la licencia.

 

La demanda fue presentada en junio. “En el camino el Juzgado pidió que se subsane algunos puntos, se cumplió y admitió a trámite, dando plazo a la comuna para que responda, pero no se ha presentado”, indicó.

 

Vásquez Merino precisó que el Ministerio de Vivienda no cumplió con presentar un estudio de impacto ambiental, el estudio de planeamiento integral, entre otros documentos necesarios para la licencia.

 

“Este proyecto no contó ni tomó en cuenta a la población que iba a ser afectada, pero el tiempo nos dio la razón y ahora son las consecuencias”, acotó.

 

Una serie de deficiencias detectó la Contraloría General de la República a través de la subgerencia de Control de Megaproyectos en la ejecución de la obra “Instalación de los servicios de vialidad urbana, agua potable y alcantarillado en la Nueva Ciudad de Olmos”, convocada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

 

“La Nueva Ciudad de Olmos, es una obra inviable urbanísticamente hablando y todo lo que se advirtió en su momento se está comprobando, el informe de la Contraloría nos da la razón”

 

El letrado recordó que fueron incontables días de protestas y huelgas, donde la población fue víctima de violencia, pero que ahora todo tiene resultados positivos.

 

Las advertencias de la Contraloría tienen que ver con los acabados de los fustes (armazón) del concreto armado de los reservorios. Así como, se determinó que desde la etapa de viabilidad del proyecto se excluyeron las obras secundarias del sistema de saneamiento para ser ejecutadas por empresas privadas.

 

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros, Carlos Burgos Montenegro se pronunció al respecto y dijo que no hubo interés de parte del Ministerio para sociabilizar y pedir apoyo en cuanto a la elaboración del proyecto.