Vuelven cobros en paraderos informales
Funcionarios municipales presionarían a los transportistas para que preparen ‘una bolsa’ con dinero a fin de dejarlos trabajar con tranquilidad.
Nuevos audios entregados por transportistas informales vuelven a poner bajo cuestionamiento el control de los paraderos ubicados frente al terminal Epsel, en Chiclayo. Las grabaciones contienen conversaciones sobre presuntos pagos para permitir la actividad de colectivos informales y pedidos de apoyo a inspectores municipales para retirar a determinados grupos y facilitar el ingreso de otros transportistas.
En uno de los registros, un transportista consulta a una funcionaria vinculada con la fiscalización sobre la posibilidad de pagar para que inspectores cierren una cochera donde trabaja un grupo rival. En su relato, sostiene que anteriormente coordinaban este tipo de acciones con un trabajador identificado como Suyón, a quien atribuye haberles brindado apoyo a cambio de dinero. Se trata de afirmaciones contenidas en el audio que requieren corroboración.
La conversación también expone la disputa entre transportistas por el control de los espacios de embarque. El interlocutor señala que su grupo habría sido desplazado por otros conductores y plantea la posibilidad de llegar a un acuerdo económico para recuperar el lugar. La grabación no permite establecer, por sí sola, si el ofrecimiento llegó a concretarse ni si hubo participación efectiva de funcionarios municipales.
En otro audio atribuido al inspector Sullón, se escucha al interlocutor mencionar que cuenta con buenas relaciones con la nueva gestión municipal que ingresaría el próximo año y ofrecer apoyo a quienes deseen continuar trabajando. En una segunda grabación, también atribuida a él, hace referencia a una subgerente a la que describe como su “mano derecha” y pide que le comuniquen cualquier situación relacionada con los cargos en los paraderos.
Los transportistas sostienen que estas conversaciones deben ser investigadas porque temen que se repita un presunto sistema de cobros y distribución de espacios en beneficio de determinados grupos, con la supuesta intervención de fiscalizadores.
El caso adquiere relevancia porque, según los antecedentes señalados por los denunciantes, Suyón habría sido retirado anteriormente de la Municipalidad Provincial de Chiclayo tras un procedimiento administrativo relacionado con el retiro presuntamente irregular de un vehículo, y luego se habría reincorporado por una decisión judicial. Estos antecedentes deberán contrastarse con la documentación correspondiente.
Los audios no prueban por sí mismos la comisión de delitos, pero plantean interrogantes sobre el manejo de los paraderos informales y el posible uso de la fiscalización municipal para favorecer intereses particulares. Corresponde a las autoridades verificar la autenticidad de las grabaciones, identificar a los interlocutores y determinar si existieron cobros indebidos o acuerdos irregulares.
YA HAY ANTECEDENTES
Se informó que el Ministerio Público ha iniciado una serie de investigaciones en torno a las denuncias presentadas por los transportistas y hasta el momento no ha emitido ningún pronunciamiento oficial de si se formalizará o no alguna investigación contra los que resulten responsables.
Asimismo, instaron a la Municipalidad Provincial de Chiclayo a realizar una reorganización total de la Gerencia de Transportes, ya que revelaron que muchos de ellos se encontrarían involucrados en este tipo de incidentes ilícitos.
Esperan que la autoridad edil, que ya se encuentra próxima a terminar su gestión, asuma la responsabilidad de realizar la reorganización de esa cuestionada gerencia.
