Contraloría advierte riesgo de paralización en obra y EPSEL evalúa romper contrato de supervisión.
Informe de la Contraloría revela que la Municipalidad Provincial de Chiclayo firmó contrato de saldo de obra por más de 11 millones de soles sin garantizar el financiamiento para el año 2026, mientras que EPSEL evalúa resolver el contrato del supervisor por falta de perfil técnico.
La ansiada culminación de la obra de “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de los pueblos jóvenes San Antonio y Ampliación San Antonio” continúa atrapada en un laberinto de trabas burocráticas y financieras. El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) notificó el Informe de Hito de Control N° 0242026OCI/0425SCC, alertando sobre situaciones adversas críticas que ponen en riesgo inminente el reinicio y cumplimiento del saldo de este proyecto, postergando el bienestar de miles de familias de la zona.
De acuerdo con el documento de control concurrente emitido el 12 de mayo de 2026, la MPCH suscribió el pasado 31 de diciembre de 2025 el contrato de ejecución del saldo de obra N° 682025MPCH/GAF con el Consorcio San Antonio por un monto de S/ 11 593 644,20 y un plazo de 360 días calendario. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido 132 días calendario desde la firma contractual, la comuna chiclayana no cuenta con los recursos asignados para el presente año fiscal.
La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, junto con la Subgerencia de Presupuesto del municipio, confirmaron formalmente a la comisión auditora que el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2026 no dispone de los fondos requeridos.
Actualmente, el municipio se encuentra apenas elaborando los informes técnicos para solicitar el financiamiento al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta omisión vulnera las normativas presupuestales vigentes (Decreto Legislativo N° 1440) que exigen una previsión presupuestaria real y la certificación de crédito para garantizar las obligaciones contractuales que superan un año fiscal, convirtiendo la falta de dinero en la principal barrera para iniciar los trabajos. A la carencia de fondos económicos se suma un entrampamiento administrativo entre la EPS Grau de Lambayeque (EPSEL) S.A.) y el Consorcio Supervisor San Antonio. Como se recuerda, el proyecto original (iniciado en abril de 2024 con un presupuesto de 8 millones de soles bajo el Consorcio San Antonio II) fue resuelto administrativamente por la MPCH en agosto de ese mismo año debido a discrepancias técnicas y paralizaciones del ejecutor. Esto derivó en un arbitraje que aún sigue en curso.
Para el saldo de la obra actual, EPSEL ordenó el reinicio de las labores de supervisión en enero de 2026. No obstante, el consorcio encargado de fiscalizar los trabajos solicitó el cambio integral de todo su plantel profesional argumentando que, tras el extenso periodo de paralización, los técnicos propuestos originalmente ya no se encontraban disponibles.
Tras evaluar los currículums presentados, la Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras de EPSEL determinó en marzo que el nuevo plantel técnico propuesto no reúne la experiencia mínima exigida en los términos de referencia. Frente a ello, Epsel ya evalúa el inicio del proceso de resolución contractual por incumplimiento.
