La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos investigará, por un plazo de 8 meses, a un juez de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por presuntamente haber recibido dinero de un litigante y su defensa legal para poder favorecerlos en la decisión final de un proceso que llevaban.
Se conoció que se tramitó ante el Primer Juzgado de Familia el proceso de divorcio por la causal de abandono injustificado de hogar conyugal en contra de la denunciada Eva Meléndez Fernández.
En mayo del presente año, este juzgado emitió una sentencia, la misma que salía en favor del denunciante, identificado como Arsenio Duarte Huamán. No obstante, este resultado fue apelado y el procesó pasó al trámite de la Primera Sala Civil de Chiclayo, que integraba el juez Enrique Salazar Fernández.
Este último habría sido ponente de la causa y, según el demandante, en una audiencia que tuvieron solo habría realizado una serie de preguntas a su abogada, indicándoles que hagan una ‘reflexión de la situación’.
Tras concluir la audiencia, el juez habría emitido la resolución que revocaba el dictamen de primera instancia. A raíz de esto, es que el demandante denunció que la demandada y su abogado se habrían puesto en contacto con el magistrado, a quien supuestamente le habrían realizado una transacción bancaria para que solucione todo el proceso a su favor.
Luego de esta grave acusación, la Fiscalía le imputa al juez de presuntamente haber aceptado dinero proveniente de la mujer y su abogado con la finalidad antes mencionada.
Por este motivo, es que el proceso recayó en esta Fiscalía, que lo investigará, por un plazo de 8 meses, porque la Fiscalía Superior Penal Liquidadora no tendría competencia para llevar este caso.
Finalmente, se conoció que a los nuevos investigados se les imputan los delitos de cohecho pasivo específico y cohecho activo específico, respectivamente.
¿DICTAMEN QUE LOS REGULE?
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Américo Gonza, justificó que en el grupo que preside se haya aprobado un dictamen para que los jueces y fiscales sean sancionados por asuntos vinculados a las decisiones que toman, indicando que estos magistrados “son los únicos que no pueden ser sancionados” cuando incurren en errores.
El parlamentario señaló que los jueces “aceptan todo lo que piden los fiscales”, mientras que estos últimos “acusan para ver qué encuentran”, sin tener mayor sustento.
Asimismo, recalcó que los jueces y fiscales a la fecha no son pasibles de ser sancionados cuando cometen errores. “¿Dónde está el control sobre estos funcionarios?”, indicó.
El dictamen aprobado señala que se sancionará a los fiscales que planteen pedidos de detención preliminar y prisión preventiva que no cumplan con las condiciones que al respecto establece el Código Penal.
