El último viernes se consumó el regreso de Anselmo Lozano Centurión como gobernador del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque, algo que solo era cuestión de tiempo para que suceda.

 

Ni bien se conoció la noticia de inmediato en la sede regional los funcionarios de confianza del saliente gobernador (e), Luis Díaz Bravo, quien ahora retorna a su puesto de vicegobernador, pusieron sus cargos a disposición; se estima que fueron casi 35 de estos los que se alejaron de la gestión.

 

Este galopante acto de ‘renuncias’ pone en blanco a muchas oficinas y gerencias del GORE, lo cual obliga a Lozano a revertir al más breve plazo la situación.

 

Todos estos hechos estuvieron precedidos por una descarada angurria por el poder, tanto de uno y otro bando, los cuales desembocaron abruptamente en el acto de entrega de cargos, los mismos que traen consigo viejos rostros conocidos, varios de ellos (no todos) en su momento con mediáticos cuestionamientos que terminaron sepultándolos, pero como en el Perú se premia a quien más antecedentes tiene, Lozano los apuntó en primera fila para sus gerencias y jefaturas.

 

Tras su retorno, Lozano no se cansó de repetir lo que hace semanas me había declarado en entrevista: investigar hasta que se canse a la gestión que comandó Luis Díaz Bravo; es decir, su plan de venganza, está en marcha.

 

Este singular punto fue motivo de tertulia con un respetado jurista lambayecano del cual me precio ser su amigo, quien renegaba de la gitana suerte política que existe en el país.

 

Mi amigo –catedrático y penalista– me decía: “no basta con tener en Palacio de Gobierno a un sindicado de liderar una organización criminal (OC), para ahora tener en el GORE un caso igual”.

 

Sin duda, mi admirado contertulio se refería a la sindicación que el Ministerio Público (MP) le hace a Lozano Centurión en el caso ‘Imperio del mal’ (donde le endilga liderar esta presunta OC), cuyo control de acusación será en estos días. Proceso en el que también está inmerso su examigo y exprimer regidor de Lozano (en el municipio de La Victoria), Luis Díaz. Para ambos el MP requiere 21 y 7 años de cárcel, respectivamente.

 

Pero algo que nos llamó mucho la atención (al amigo jurisconsulto y a mí), fue el énfasis que Lozano Centurión pone en todo momento cuando dice que investigará las acciones de Díaz Bravo al frente del GORE.

 

La sarcástica conclusión es: un investigado y acusado de liderar una OC (Lozano) se tomará el trabajo (dizque a nombre de la región) de investigar a otro acusado (Díaz) involucrado en la misma OC. Sin duda, este tipo de cosas solo se ve en nuestro Perú.

 

Y no es que esté en contra de que Lozano escrute la gestión de Díaz, ¡NO!, para nada (ninguno es santo de mi devoción), pero sí considero ‘tragicómico’ que dos exsocios, ahora peleados a muerte por el poder en el GORE y encima en condición de acusados por supuestamente pertenecer a la misma OC, pretendan utilizar recursos del Estado (de todos los peruanos) para denunciarse y defenderse a su libre albedrío.

 

La situación puede sonar hilarante, pero por favor, detengámonos a meditar y recapacitar un poco, sobre todo teniendo tan cerca un nuevo proceso eleccionario. Los lambayecanos no podemos seguir equivocándonos al escoger a nuestras autoridades y no solo me refiero a nivel regional, incumbo a todos los niveles de gobierno (municipal, congresal y presidencial), sobre todo en estos tiempos, donde parece que los candidatos de fuerza son los de más amplio prontuario.

 

Punto aparte son los consejeros regionales, pues debo confesar que extrañaré a muchos de los consejeros en ejercicio por sus extraordinarios libretos cantinflescos (no todos), así como sus vergonzosas actuaciones en muchos plenos.