Solo esto nos faltaba en la región, que dos acusados (ambos con pedido de prisión) por la Fiscalía Anticorrupción se enfrenten en una batalla legal por el control del máximo cargo en Lambayeque, léase: Gobierno Regional (GORE).

 

Como si no fuera suficiente tener al penúltimo y antepenúltimo alcalde chiclayano en un penal y al actual, también acusado (la Fiscalía solicita 6 años de cárcel por presunto delito de corrupción), ahora se suma el ‘circo-legal’ protagonizado por Anselmo Lozano Centurión (gobernador hasta hace poco suspendido en sus funciones por arresto domiciliario) y Luis Díaz Bravo (actual gobernador encargado, quien no fue detenido aquella madrugada del 27 de enero de 2021 junto a Lozano y otros, porque la Policía no lo halló en su domicilio).

 

Debo dejar en claro que, Lozano legalmente tiene el derecho a reclamar la gobernación para la cual fue electo hasta el 31 de diciembre de 2022, como también menciono que este señor, al parecer, tuvo una ‘milagrosa’ casi cura de sus males que ahora le permiten pelear con ardor por este.

 

Sería bueno que las autoridades revisaran la ‘milagrosa’ casi cura, pues, si más no recuerdo, Lozano cuando fue detenido, desde un primer momento permaneció en una clínica privada y luego logró que le den arresto domiciliario.

 

No me cabe duda que Lozano desea regresar al GORE para terminar su periodo sentado en el ‘trono’ del poder y refregarle en la cara a sus detractores que él sigue siendo el ‘omnipotente’, aunque por dentro sepa que lo peor, legalmente hablando para él, estaría por venir.

 

Es imposible pensar –y Lozano lo sabe– que en los casi 4 meses y medio que le resta al año y fin de su gobierno pueda siquiera convocar a un nuevo proceso para una obra de envergadura, pero él insiste, es su derecho.

 

En la tribuna del frente está quien fuera, en gran parte de su historia como alcalde de La Victoria, su brazo derecho y hombre de confianza más cercano, Luis Díaz Bravo, el mismo que al quedar detenido Lozano, no le huyó al oportunismo y tras driblear su detención por orden de comparecencia con restricciones, asumió la gobernación (e).

 

Este es el mismo Díaz que ahora da la impresión se aferra con uñas a la encargatura, bajo el pretexto de las reglas de conducta que comparte con su coimputado (Lozano) y la estabilidad del GORE, tanto presupuestal e institucional.

 

Díaz ha recurrido al Poder Judicial para que aclare las reglas de conducta, las cuales podrían ser vulneradas en el desenfrenado intento de Lozano por retornar a la gobernación, ya que este trámite demandaría que ambos ex socios políticos tengan comunicación, lo cual el juez, lo restringe.

 

Este ‘circo legal’ tomó vigor con la conferencia de prensa que, desde el GORE organizaron sin la presencia de Luis Díaz, esta estuvo a cargo del gerente general, Marty Llontop Samillán (investigado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en el marco del caso Odebrecht), donde pintaron los peores escenarios de darse el regreso de Lozano, describien “preocupación y consecuencias accesorias”, como la paralización de obras y el corte administrativo anunciado por Lozano.

Consultando con expertos en gestión pública, nos manifestaron que nada de esto podría ocurrir, pues las obras en ejecución del GORE no pararían porque regresa un gobernador, ya que los proveedores tienen contratos firmados y de incumplirlos serían causal de penalidad.

 

Según pude conocer, en las próximas horas Lozano estaría llegando al GORE a tomar posesión, lo cual encendería aún más este ‘circo legal, cuya función perjudica exclusivamente a todos los lambayecanos.