Hace poco entrevisté al comisionado de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque quien comentó algo que muchos pasamos desapercibido: las víctimas de robo y asalto ahora deben hacer de investigadores para intentar recuperar sus pertenencias.

 

Julio Hidalgo mencionaba este punto en alusión al desinteresado trabajo policial y fiscal que el ciudadano recibe cuando llega a una comisaría a denunciar, pues, en muchos casos, deben ser ellos (los asaltados) quienes recopilen las imágenes de las cámaras de videovigilancia del lugar donde ocurrió el ilícito, rastrear y ubicar a los malhechores y llevarle todo este trabajo a la Policía para que de repente proceda y aprehenda a los ladrones.

 

Ese mismo día, el exfiscal y abogado penalista, Jorge Pérez Cerdán, me decía casi lo mismo, pero en un lenguaje más crudo planteando una interrogante con tácita respuesta ¿la Policía no sabe quiénes roban en sus respectivas jurisdicciones por comisaría? “Claro que lo saben”, me acotó.

 

Hace unos días un amigo me conversó que con su hijo vivió en carne propia esta reprochable situación. Su vástago vino desde Lima a Chiclayo por cortas vacaciones y su ‘pecado’ fue abordar un taxi cuyo vidrió de la parte posterior estaba abajo por donde los ladrones le robaron su costoso equipo celular valorizado en más de S/ 6 000.

 

El joven acudió a la comisaría del sector –me narró su padre– donde le recepcionaron su denuncia, pero ahí quedó todo. Incluso, cuando pidió a los efectivos policiales acudir y recoger las imágenes de las cámaras de vídeo seguridad en la zona, le respondieron que él mismo las gestione y las lleve a la comisaría.

 

Ante tal respuesta, el agraviado optó, temerariamente, iniciar su propia investigación y rescate de su bien robado. Es así que, en menos de cuatro días y valiéndose de algunas personas que, estas a su vez conocían a gente de mal vivir, logró dar con los receptadores (compran cosas robadas), quienes le pidieron sin descaro S/ 1 550 para recuperar su teléfono celular.

 

La cereza del pastel –contó su padre– fue cuando recibió la notificación del Ministerio Público–MP (Fiscalía) informándole que su denuncia era archivada porque no se había identificado a los delincuentes.

 

O sea, la víctima en esos días fue tres veces víctima: primero por los ladrones que le robaron su equipo, luego por los receptadores que lo extorsionaron para devolvérselo y por último fue víctima de la Policía y Fiscalía que cometió omisión de funciones en su caso.

 

Ojo, no es chiste, menos invento, únicamente obvio el nombre de la víctima, la zona donde ocurrió el latrocinio, la comisaría y fiscalía que dizque atendieron el caso porque el agraviado no me autorizó revelarlos por temor a represalias.

 

Quizá muchos se preguntarán ¿por qué no dio parte a la Policía cuando ya tenía descubiertos a los receptadores y así se evitaba los riesgos? La respuesta es obvia: la ciudadanía ya no cree en la Policía y Fiscalía, prefieren recuperar sus cosas por otras vías. Que está mal, sí, pero así están las cosas.

 

En conclusión, un ciudadano común y corriente sin formación policial resolvió el robo del cual fue víctima, arriesgó su vida al contactar y lidiar con delincuentes que lo extorsionaron para recuperar su teléfono. ¿La Fiscalía y la Policía no saben ni hacen nada?

 

La respuesta del MP en estos días, aunque bastante lírica, fue la convocatoria a una reunión con las autoridades municipales y policiales, cuyas conclusiones fueron colgadas en el fan page de esa entidad. ¿Esa es la respuesta a un tema tan grave y urgente?