Según afirman especialistas, la denominada “tarjeta verde” que el Gobierno entregaría a aquellas personas vacunadas contra el Covid-19 para que accedan a servicios y establecimientos, no sería efectiva sino mas bien discriminatoria.
El galeno Alfonso Díaz Gálvez precisó que los protocolos, las medidas de seguridad y todo lo que está haciendo el gobierno tanto local como central, le saca la vuelta la población que no respeta aforos en restaurantes, playas, todo se desborda y hay mucha irresponsabilidad.
“Nosotros los peruanos tenemos una viveza única y al toque van a falsificar esa tarjeta. La misma viveza hace que no podamos controlar la pandemia, porque no nos respetamos nosotros mismos”, expresó.
Acotó que no sería efectiva y más bien recomendó concientizar con charlas educativas, propagandas, gigantografías y hacerle entender bien a la población mediante un lenguaje claro y conciso.
“Esa educación que hasta ahora no la tenemos, seguimos siendo irresponsables, llenando las discotecas, los restaurantes, los mall, las tiendas por departamento y las fiestas familiares”.
ASPECTOS
Por su parte, el médico Leonel Díaz Alvarado indicó que en primer lugar hay que ver varios aspectos, entre ellos el legal, técnico sanitario y el componente de derechos constitucionales.
En el aspecto técnico sanitario las vacunas que están trayendo del extranjero no vienen con la ficha técnica científica del producto, por lo que no se sabe cuál es la eficacia real. Lamentó que hasta la fecha han muerto como 60 médicos que se han vacunado dos veces, ni qué decir de los ciudadanos que no son médicos.
“Entonces un carné para acceder a un establecimiento es una medida discriminatoria y anticonstitucional”.
ESTAMOS EN DESASTRE SANITARIO
Díaz Alvarado afirmó que estamos en un desastre sanitario y los tres gobiernos que se han sucedido en la pandemia nunca han asumido el verdadero nivel de gravedad y jerarquía que corresponde a esta crisis sanitaria; “estamos en un desastre e identificar mediante un carné solo originará denuncias constitucionales”.
El Gobierno no garantiza la ficha técnica, en conclusión, cualquier identificación de ciudadanos vacunados, supuestamente protegidos que puedan acceder a servicios o poder viajar, vulnera los derechos constitucionales así estemos en una alerta sanitaria.
