Los trabajadores de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCh) remitieron un documento a la presidenta del Directorio, Ericka Araujo Gonzales, exigiendo explicaciones por las últimas denuncias de presuntas irregularidades y anunciando otras.
En el documento citan varios puntos y exigen un inmediato pronunciamiento de su despacho y esclarecimiento de los hechos respecto a que se ha tomado conocimiento de la existencia de una medida cautelar por el embargo de S/ 200,000.00 en la cuenta corriente del Banbif en favor del Servicio deAdministración Tributaria de Chiclayo (SATCh), presuntamente por omisión en el pago de arbitrios.
No obstante, precisan que en octubre del 2020 ya se efectuó un embargo por el importe de S/ 168,000.00 por el mismo concepto en la cuenta del banco Continental.
“Estos hechos deberán ser respondidos por la subgerencia de Gestión Inmobiliaria y oficina de Asesoría Legal, toda vez que afectan gravemente nuestra economía y ponen en riesgo el logro de nuestros objetivos”.
Es por ello que piden a Araujo Gonzales, se disponga responsabilidad de los funcionarios respecto a los embargos ejecutados a la entidad.
Expresan el absoluto rechazo respecto a la posible donación de dos millones de soles a favor del hospital Las Mercedes. Además, que se disponga la designación en los cargos cesados recientemente, así como en las plazas ocupadas por los funcionarios de confianza a trabajadores de planta, que a través de su esfuerzo han alcanzado el perfil profesional, disponen de su experiencia y capacidad para el desarrollo en sus funciones.
Piden la austeridad en el gasto, tanto en la adquisición de bienes y contratación de personal cuyas funciones son desarrolladas por servidores que cumplen la función por modalidad remota.
Sin olvidar el estado de abandono en que se encuentra el teatro Dos de Mayo, para ello indican que debe iniciarse los trabajos de mantenimiento, así como se determine la responsabilidad de los servidores y funcionarios involucrados en los daños causados en el inmueble.
EPP
Recuerdan los presuntos actos de corrupción relacionados con la adquisición de los Equipos de Protección Personal.
Respecto a la adquisición de los EPP, los trabajadores indican que las deficiencias en la convocatoria fueron advertidas por el servidor Walberto Flores Aquino mediante un informe de fecha 8 de abril 2021.
Esta situación conllevó al cese de funcionarios de confianza designados por Ericka Araujo. “Estos hechos denigran y menoscaban la imagen de nuestra institución y afecta la labor que desarrollamos en beneficio de la población vulnerable”.
Asimismo, requieren que se pronuncie por las presuntas irregularidades en las obras de enchape del cementerio El Carmen, lo cual fue advertido y denunciado ante el Órgano de Control Institucional y ahora se investiga.
Advierten exceso de personal
Los trabajadores refieren que hay una excesiva contratación de personal, inclusive a través de locación de servicios como es el caso de la coordinadora de la Casa de Refugio.
Además, en plazas que estarían cubiertas por personal que desarrollan labores en modalidad remota, generando una sobrecarga de personal en perjuicio de la economía de la institución, maxime aún si en el presente ejercicio se observa una reducción en la recaudación de los ingresos provenientes del arrendamiento de inmuebles.
Señalan que de manera mensual el Tesoro Público financia la remuneración de las plazas que a la fecha vienen siendo ocupadas por funcionarios de confianza, asumiendo el pago de las planillas mediante recursos directamente recaudados, ocasionando que la cuenta corriente del Tesoro Público mantenga saldos considerables que se incrementan de manera mensual y afecta los recursos recaudados por la entidad, los cuales podrían ser destinados al apoyo social.
