El sonado y emblemático caso Odebrecht que investiga el equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dispuso “reiniciar y/o reanudar el caso”, en el cual están como imputados tres exgobernadores regionales, exconsejeros regionales, exfuncionarios públicos, empresarios y un expresidente de la república.
De acuerdo a la Disposición N° 43 del 1 de marzo último rubricada por el fiscal, Hamilton Jhon Montoro Salazar, a la cual La Industria tuvo acceso, indica que su despacho ordenó reanudar los plazos para el desarrollo de la actividad fiscal en etapa de investigación preparatoria desde el 01 de marzo de 2021.
LOS IMPUTADOS
Dicho documento además precisa que, mediante la Disposición N° 22 del 2 de marzo de 2020 formalizó investigación preparatoria en contra de Yehude Simon Munaro (expresidente regional), Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco-Font, Patrick Barclay Méndez, Luis Yulfo Zender, Jorge Luis Pasco Cosmópolis.
Asimismo aparecen los nombres de: Alberto Rojas Morote, René Helbert Cornejo Díaz (exministro), Eduardo Zárate León, Pablo Enrique Salazar Torres, Francisco Antonio Leopoldo Gayoso Zevallos, Juan Moisés Saavedra Jiménez.
En el mismo orden están: Víctor Ricardo Quijano Chávez, Luis Ramón Gonzáles Vélez, Humberto Acuña Peralta (exgobernador regional), Neri Enni Saldarriaga viuda de Kroll (expresidenta regional).
Luego vienen los exconsejeros regionales: Lázaro Villegas Agramonte, Miguel Arturo Bazán Zárate, Oscar Zeña Santamaría, Sara Maritza Mocarro Monja, Andrés Palma Gordillo, José Antonio Eneque Soraluz, Ana Elena Toro Gálvez.
Además de Víctor Manuel Sánchez Correa, y Marty Llontop Samillán.
En algunos casos por la comisión de presuntos delitos de colusión, colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo propio.
“La cual (investigación) fue ampliada contra Pedro Pablo Kuczynski Godard (exministro de Economía y exprimer ministro) y Gerardo Rafael Sepulveda Quezada; así como contra Cecilia Margarita Balcázar Suárez; además de los sujetos pasivos imputados empresas Westfield Capital limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, fijando como plazo de investigación preparatoria 36 meses…”.
$68 MILLONES
Otro documento al que La Industria tuvo acceso es al escrito presentado el pasado 30 de diciembre de 2020 por Silvana América Carrión Ordinola, en su calidad de procuradora pública ad hoc.
De acuerdo al documento, Carrión Ordinola fue designada en representación y defensa de los intereses del Estado en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que ha incurrido la empresa Odebrecht y otros.
Dicho documento de 293 folios sustenta en uno de sus primeros puntos (1.3) de su Petitorio, “…pretendemos como monto provisional de la reparación civil por los perjuicios y daños ocasionados al Estado peruano (elemento integrante de la reparación civil) la cantidad de US$ 68’922,060.55 que deberán pagar los procesados de forma solidaria, a favor del Estado peruano”, dice el documento.
SUPUESTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
En los Fundamentos Fácticos-Relato Circunstanciado de los hechos, la procuradora señala que, conforme a la tesis fiscal, dentro del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) “se constituyó una organización criminal”.
Esta supuesta red delictiva –reza el escrito– se dedicaba a realizar actos de corrupción dirigidos al favorecimiento del grupo empresarial brasileño vinculado a la empresa Constructora Norberto Odebrecht SA., en el marco del proyecto para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de Trasvase del Proyecto Olmos con la finalidad de obtener ventajas económicas indebidas en forma de aportes de campaña y/o beneficios, se lee.
“Este hecho, conforme a la Disposición de Formalización de Investigación preparatoria también denotaría un presunto favorecimiento concertado a la empresa Constructora Nolberto Odebrecht, puesto que se produjo la recepción del Sobre N° 3 sin haber previamente establecido la tarifa máxima expresada en dólares por metro cúbico de agua trasvasada sin IGV como monto máximo que podría ser presentado por los postores en su oferta económica, y sin tener en cuenta la necesidad de inducir el mayor número de propuestas válidas por parte de los 6 postores calificados”, señala el escrito.
En cuanto a Yehude Simon, la Fiscalía le imputa la presunta comisión del delito de colusión, lavado de activos en la modalidad de transferencia, conversión, tenencia y ocultamiento de la suma de US$.300,000.00 procedentes de la Caja 02 de la División de Operaciones Estructuradas (Departamento de Sobornos) de la empresa Odebrecht.
Mientras que, a Humberto Acuña Peralta le imputa el presunto delito de colusión agravada y cohecho pasivo propio. En cuanto a los exconsejeros regionales (1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014), a la mayoría le imputa de participar en la sesión extraordinaria del Consejo Regional de Lambayeque del 15 de setiembre de 2011, en la que votaron a favor de la autorización a Humberto Acuña para suscribir el Acta de Reuniones de Trato Directo y la Transacción Extrajudicial.
“… sin contar o haber requerido la emisión de informes técnicos y legales de las áreas competentes que permitan sustentar dicha decisión…por lo que se le imputa la presunta comisión del delito colusión agravada”, dice el documento.
En cuanto a Pedro Pablo Kuczynsky se le atribuye ser presunto autor del delito de colusión agravada; mientras que a René Cornejo Díaz se le imputa el presunto delito de colusión
EL HOMBRE CERCANO AL ACTUAL GOBERNADOR (E)
Un nombre que llamó la atención en todo este voluminoso expediente fue el de Marty Llontop Samillán, quien hasta hace poco fue asesor legal en el hospital Regional Lambayeque en la gestión del director Jorge Ordemar Ortiz, quien según su propia declaración a La Industria, el pasado lunes 1 de marzo se incorporaría como asesor del actual gobernador regional (e), Luis Díaz Bravo.
Respecto a Marty Llontop, el documento dice que, en su calidad de jefe de la oficina regional de Asesoría Jurídica del GRL (10 de enero de 2007 al 30 de diciembre de 2010), “consignó su visto bueno en el Oficio N° 363/2010GR.LAMB/PR de 10 de junio de 2010, mediante el cual el concedente otorgó la segunda ampliación del periodo inicial, a pesar de la falta de sustento de las solicitudes presentadas por la concesionaria sobre los presuntos hechos ocurridos y los atrasos que le habrían generado, incumpliendo lo dispuesto en la normativa aplicable…por lo que se le imputa la presunta comisión del delito de colusión agravada”.
Al respecto, La Industria entrevistó al gobernador (e), Luis Díaz Bravo, quien precisó que, Marty Llontop no es oficialmente su asesor, pero reconoció que lo aconseja en su gobierno.
¿Su gestión tiene asesores?
No tengo ningún asesor, por ahora no.
¿Y Marty Llontop?
Aún no, no tiene contrato con la institución por ahora.
Pero llega y para en su despacho.
Lo que pasa es que él todavía estaba con unos pendientes laborales que tenía que concluirlos, si bien es cierto llega a petición mía para dar algunos aportes, pero digamos que una relación contractual vigente con la institución no tiene.
Entonces, ¿es consejero personal suyo?
Me está apoyando, efectivamente no lo puedo negar, es de público conocimiento…conoce mucho de la gestión pública ya ha sido asesor de un gobernador anteriormente y estoy tratando de rodearme con gente con conocimiento de la gestión pública para que me ayuden a la toma de decisiones en la gobernación.
