Sostienen que la deuda social de 200 millones de soles quedaría sin efecto

 

Faltarían solo cinco días hábiles para que los jubilados de la Ley 20530 pasen a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), de acuerdo con el Decreto de Urgencia 015-2019; sin embargo, ellos no están de acuerdo con dicha medida, pues temen perder sus derechos pensionarios, y lo que es peor, que no se les reconozca la deuda social que les tiene pendiente el estado y que asciende a más de 200 millones de soles.

 

El presidente del Frente de Defensa de los Derechos Pensionarios de Educación del Departamento de Lambayeque, Mario Delgado Leyva, manifestó que el Decreto de Urgencia N° 015-2019, emitido en noviembre del año pasado, dispone que todos los pensionistas de la 20530 pasen a la ONP a partir del 1 de julio de 2020 y esto va a generar una serie de protestas a nivel nacional.

 

“Nosotros no queremos pasar, tenemos serios cuestionamientos a la ONP, empezando porque está insolvente; además, sabemos que ha hecho mal uso de millones de soles de los jubilados de la 19990 y tiene más de siete mil juicios pendientes en el Tribunal Constitucional”, enfatizó.

 

Añadió que a esto se suman los problemas adicionales propios de su régimen, especialmente los compromisos y derechos que han ganado desde hace 31 años, como el pago de Fonavi, luto, sepelio, entre otros, los cuales peligran por la insolvencia de la ONP.

 

Dijo que en Lambayeque son cerca de mil jubilados de Educación, pero aparte hay jubilados de Salud, Agricultura y otros sectores, pero cada uno seguramente hará sentir su protesta.

Delgado Leyva anotó que no tienen una cifra exacta, pero por cada jubilado existe una deuda social de 60 a 80 mil e incluso cien mil soles, con resoluciones a favor.

 

Indicó que en la UGEL Chiclayo incluso ya les dijeron que no hay plata para pagarles sus pensiones hasta julio, lo cual coincide con el DU.

 

Con relación a la deuda social, el dirigente cuestionó también que digan que no hay dinero, lo cual para ellos no es comprensible, porque el Gobierno ha desembolsado cuantiosas sumas para sus programas de reactivación económica.

 

Sostuvo que el 22 de junio se desarrolló la asamblea nacional de la Confederación Nacional de Pensionistas y Jubilados del Perú (CONADEPEN), donde acordaron persistir en comprometer a los congresistas de la República para que debatan en un pleno la derogatoria del decreto en mención; además, presentarán una medida cautelar ante los juzgados correspondientes en cada departamento, así como una acción de inconstitucionalidad y pedirán el apoyo de la Defensoría del Pueblo.

 

El dirigente señaló que esperan realizar una protesta de manera virtual para expresar su rechazo al Decreto de Urgencia, ya que se trata de cesantes de más de 65 años, la mayoría tiene entre 75 a 80 años de edad y tienen temor de salir a las calles por ser personas vulnerables ante la pandemia del covid-19. Además, muchos tienen dificultad para desplazarse, pues deben hacerlo con ayuda de muletas, bastones o andadores.

 

Pidió finalmente a los cinco congresistas lambayecanos que los apoyen, porque han acudido a sus despachos y a pesar que les ofrecieron ayudarlos, hasta ahora no hacen nada al respecto.