Las 38 municipalidades en la región Lambayeque cuentan con una Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, pero aún falta mayor interés de las autoridades para atender las demandas de este segmento de la población, que clama la aplicación de una política efectiva de inclusión en salud, educación, laboral, transporte y accesibilidad.

“Lo que quiero decir, es que no nos toman en cuenta. Si nosotros pedimos trabajar en algún proyecto, responden que ellos lo hagan solos; aún falta sensibilización”, comentó Muro.

Con la Gerencia Regional de Programas Sociales se está evaluando una segunda convocatoria para los alcaldes distritales y provinciales a fin de explicarles los temas de salud, educación, trabajo y todo lo relacionado a discapacidad.

Instó a los representantes de las entidades del Estado y privado a garantizar el cumplimiento de la cuota laboral.

En Educación, trabajar para la construcción y equipamientos de Centros de Educación Básica Especial y Programa de Intervención Temprana y Oportuna.

Explicaron que en Salud, se debe designar a más médicos autorizados para certificar la discapacidad. Actualmente son 28 médicos, pero en cualquier momento ya no les pueden renovar el contrato.

En diciembre del 2018, Conadis convocó a los alcaldes electos y funcionarios de la OMAPED para tratar la problemática de las personas con discapacidad, pero la asistencia fue mínima, por lo que esperan que esta situación no se repita.

La promoción de un censo también es de vital importancia, porque se desconoce el número exacto de población con discapacidad.

Son 1575 402 personas con discapacidad en el país, la cual representan el 5.2% de la población; y en el caso de la región Lambayeque son 43,038 personas con discapacidad, que representan el 3.6 % de toda la región, cifra desactualizadas por falta de un censo.

Los temas a tratar son la accesibilidad para todos, desde pistas y veredas hasta servicios higiénicos, la promoción de actividades, programa Contigo, carnet amarillo, el cumplimiento de la cuota laboral, entre otros temas.

Así como el uso y respeto del 1 % del presupuesto de las municipalidades, destinado para la implementación de servicios y programas.