Cecilia Grandez Rojas, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, señaló que sus decisiones sobre la situación jurídica de los investigados en la presunta organización criminal ‘Los Corchines de la Corrupción’ se enmarcan con base en los requerimientos que presenta el Ministerio Público de Lambayeque.

 

Además, informó que cuando dispone medidas coercitivas en este proceso es por solicitud del fiscal Juan Carrasco Millones, como en el caso del alcalde del distrito de Olmos, Willy Serrato Puse, quien quedó en libertad a pedido de Carrasco, porque este solicitó comparecencia restringida, y no prisión preventiva; como al resto de los implicados.

 

Asimismo, la magistrada Grandez Rojas explicó que, en un primer momento, el Ministerio Público había pedido S/ 50 000 por caución, en contra de Serrato Puse, pero ella dispuso que sean S/200 000.

 

“El juez nunca va ir más allá de lo que le pide el fiscal. Las decisiones dependen mucho del requerimiento fiscal. El fiscal propone y quien decide es el juez. Hay un límite de poder del juez”, comentó la titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

 

Con respecto a Antonio Becerril Rodríguez, la jueza Cecilia Grandez indicó que su despacho cumplió con la diligencia judicial de control de identidad personal luego de que en diciembre ordenó su detención de forma preliminar por 15 días en el marco de la investigación contra supuestos miembros de la organización criminal ‘Los Corchines de la Corrupción.

 

“La situación jurídica del imputado lo definirá el Ministerio Público en el plazo otorgado”, añadió la jueza.