Un hecho que ha encendido las alarmas del Ministerio Público se habría suscitado en la Municipalidad Distrital de Íllimo, donde uno de los supuestos proveedores, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva, aparentemente cobró 24 mil 500 soles estando prófugo de la justicia.

 

Se trata de Víctor Alberto Preciado Mío, investigado por el sonado caso de ‘Los Proveedores Dorados’, presumible mafia que habría perjudicado con más de un millón de soles a la comuna lambayecana cobrando por servicios que jamás ejecutaron.

 

Así se desprende de la Disposición Uno del 10 de octubre de 2018 contenida en la Carpeta Fiscal N° 156- 2018, la misma que se basa en la denuncia hecha por un grupo de regidores del municipio illimano (gestión 2015-2018), en la que indirectamente ponen de manifiesto el singular hecho.

 

Según la denuncia de los exconcejales, el ingeniero agrícola, Víctor Alberto Preciado Mío, “sin tener la especialidad de mecánico electricista formuló el 1 de febrero de 2017 el proyecto ‘Mejoramiento y ampliación del sistema de redes eléctricas en media y baja tensión de los caseríos de Íllimo…”.

 

Asimismo, añaden que Preciado Mío en la fecha de la formulación (del proyecto), no contaba con el registro nacional de proveedores ni con el registro de consultor. Los denunciantes sostienen –se lee en la disposición fiscal– que estos son requisitos indispensables para ser un consultor de proyectos.

 

La denuncia también muestra un cuadro, en el que se observa que a Víctor Alberto Preciado Mío el municipio de Íllimo le giró en el 2016: 71 mil 500 soles; en el año 2017: 20 mil soles y el año 2018: 24 mil 500 soles. En total, Preciado Mío percibió 116 mil soles.

 

Lo curioso es que, sobre Preciado Mío pesa una orden de prisión preventiva desde el mes de abril de 2017, por lo que no se entiende ¿cómo cobró los montos antes mencionados?, sobre todo en el 2018.

 

 

 

Según indican los denunciantes, los funcionarios municipales se habrían apropiado del presupuesto edil mediante la modalidad de contratación de servicios y consultorías para la elaboración de estudios de preinversión (perfiles) y expedientes técnicos.

 

Los munícipes afirman que, entre el 2015 y 2018 siete de los 15 estudios de preinversión fueron elaborados por consultores externos que no cumplen con los requisitos.

 

Añaden que, tres proyectos fueron formulados por el ingeniero mecánico eléctrico Ronal Ubillús Díaz, a quien se le habría cancelado 120 mil soles, quien no tendría la capacidad para formular proyectos de obras civiles, al no contar con Registro Nacional de Proveedores.

 

“…que Ronal Ubillús y otros consultores habrían cobrado de manera fraccionada elevadas sumas de dinero sin entregar el producto por el cual se les pagó; otro de estos proveedores sería Elmer Hurtado Guevara, quien habría cobrado 195 mil 667 soles sin contar con el registro de proveedor, domicilio fiscal, y no estando habilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú”, reza la disposición.

 

 

Ante esto, el primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chiclayo a cargo de Magaly Quiroz Caballero, decidió iniciar las diligencias preliminares de investigación por el plazo de 240 días.

 

Todo esto –dice el documento– contra Juan Manuel Cabrera Farroñán (exalcalde de Íllimo), Tomás Acosta Vidaurre, José Eduardo Piscoya Fernández, Gustavo Adolfo Serquén Maco, Carlos Abel Huamán Manayay, José Eduardo Ventura Mío, Nélida Sandoval Acosta, Maribel Enriquez Guzmán y Rafael Horna Hilario.

 

Esto por el delito contra la administración pública en la modalidad de malversación de fondos en agravio del Estado.

 

 

 

Mientras tanto, ayer, otro despacho de la Fiscalía Anticorrupción intervino las instalaciones de la comuna de Íllimo, con el propósito de recabar información de otros presuntos actos de corrupción aparentemente ocurridos en la gestión del exburgomaestre, Manuel Cabrera Farroñán.

 

Según se conoció, en dicha municipalidad existirían cerca de 10 casos de corrupción que el Ministerio Público estaría investigando, los mismos que están a cargo de diferentes despachos fiscales.