Se veía venir. Mediante el Decreto Supremo N° 018 del 10 de diciembre 2018, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento dispuso la aprobación del procedimiento especial para la selección de operadores de gestión de empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) públicas de accionariado municipal incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) o al Régimen Concursal.

 

Dentro de este rubro de empresas está la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).

 

Según las Disposiciones Generales de este decreto, el objeto de esta norma es establecer las reglas, disposiciones y el procedimiento especial para la selección de operadores de gestión para la administración y optimización parcial o integral de los procesos involucrados en la gestión empresarial y en la prestación de los servicios de saneamiento de las EPS como Epsel.

 

Asimismo, la nueva normativa detalla que, en el ámbito de aplicación se encuentran comprendidas, a parte de las EPS, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), así como las empresas privadas que participen en el procedimiento especial que regula la presente norma, como empresa interesada, postor, proponente o tercero interesado.

 

 

 

La Industria conversó, al respecto, con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Epsel, Sandro Olivos Peña, quien, de alguna manera rechazó la medida adoptada por el Ejecutivo.

 

“El nombre es rimbombante. El nombre no aparenta lo que finalmente es, pero esto es la apertura a los operadores privados para que administren las empresas de saneamiento. En buen cristiano, la concesión o la privatización encubierta a través de los asociaciones público privada (APP)”, señaló.

 

El dirigente añadió que, la rotulación que utiliza el Gobierno de turno no es más que una “privatización disfrazada”, remarcando que, si el Ejecutivo señalara directamente (la privatización), el usuario lo rechazaría rotundamente.

 

“Por eso es que lo camuflan como operadores de gestión o APP…en pocas palabras, ya ordenaron la privatización de las empresas intervenidas que son 18 o las empresas que están en etapa concursal, o que están con acreedores, como Piura y las que están en etapa concursal”, refirió.

 

 

Olivos Peña puso énfasis en el Artículo Tercero (Principios Generales) de este decreto, el cual a la letra dice: “Autofinanciamiento- La administración de las empresas prestadoras municipales a cargo de los operadores de gestión, así como el pago de la retribución a favor de los mismos se financia íntegramente con los recursos provenientes de la recaudación tarifaria”.

 

“O sea, van a ser los usuarios los que financien y paguen a estos operadores de gestión, lo cual es grave, porque van a incrementarse las tarifas y los que van a sufrir con este incremento son los usuarios, la ciudadanía que tiene este servicio”, aseveró.