Municipio recibió presupuesto para ejecutar actividades, pero quedó un saldo que no se devolvió.

El Concejo Municipal de José Leonardo Ortiz (JLO) emplaza a las autoridades locales deslindar responsabilidades por el incumplimiento de la devolución de S/ 125 mil de actividades ejecutadas en años anteriores.

En el Acuerdo de Concejo N° 035-2024-MDJLO, se precisa que en una reciente sesión extraordinaria de concejo se informó que la municipalidad leonardina fue beneficiada con la admisibilidad para dos actividades de intervención inmediata como “Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del espacio público con urbanismo táctico en el parque Cristo Rey, en el sector Uno de la UPIS 1 de Mayo” y “Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del espacio público con urbanismo táctico en el parque San Jorge del sector Cinco de la urbanizción Urrunaga”.

Ante ello, la Subgerencia de Tesorería de la comuna alcanzó un informe en el que detalla que tras un análisis en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), se encontró que los convenios de las citadas actividades de los años 2013, 2014 y 2015 tuvieron la asignación de S/ 673 009.45, pero solo se ejecutó S/ 313 998.76, de los cuales la entidad edil devolvió el monto de S/ 233 793.95, quedando un saldo por devolver de S/ 125 216.74.

Al respecto, la Gerencia de Asesoría Jurídica del municipio opinó que resulta procedente que el Concejo Municipal acuerde que se realice a través de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios el deslinde de responsabilidad de los exfuncionarios por incumplir la devolución del citado saldo.

Por ello, siete regidores votaron a favor en sesión para recomendar que el caso se derive a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la comuna, a fin de que realice las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los servidores y/o funcionarios por el incumplimiento de la devolución de los saldos del monto transferido.

Asimismo, sugieren que se remita el caso a la Procuraduría Pública Municipal para evaluar si amerita denunciarse.