El juez supremo Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, amplió por 12 meses la medida del impedimento de salida del país contra el suspendido fiscal supremo, Tomás Gálvez, en la investigación por el caso Cuellos Blancos del Puerto.
La resolución justifica la medida al señalar que se trata de una investigación que enfrenta una dificultad especial para comprender una organización criminal ya un funcionario que cuenta con la prerrogativa de un antejuicio político, así como las circunstancias propias del coronavirus.
Precisa, además, que la suspensión en sus funciones de Tomás Gálvez, adoptado por la Junta Nacional de Justicia, implica una variación respecto a su matriz laboral y evidencia que a la fecha no cuente con vínculo laboral.
Advierte, quizás, la investigación ha permitido a la fiscalía recabar más elementos de convicción para considerar presuntamente al investigado Tomás Gálvez como parte de una organización criminal, "lo que cual hará generar un legítimo temor de enfrentar una condena tan grave como la establecida para dicho ilícito ".
Concluyen en ese sentido que, aun cuando el investigado haya manifestado su voluntad de someterse a la persecución penal, existe un riesgo razonable de que pueda salir del país en cualquier momento y se sustraiga de la persecución penal.
Por ello, el juzgado considera que la medida solicitada por el Ministerio Público resulta idónea, es legítima y guarda relación con la gravedad de los hechos investigados, además de evitar que se cumplan con las multas del proceso.
La fiscalía atribuye a Tomás Gálvez los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias agravado, cohecho activo específico y organización criminal.
Junto al exjuez supremo César Hinostroza, habían desplegado acciones para favorecer a la empresa Corefo en un proceso que contra la Sunat, coordinado acciones para favorecer un rondero en un proceso penal y para apoyar un anticorrupción fiscal suprema en el proceso por violencia familiar.
