Por sanciones contra su economía, el gobierno de Venezuela, dirigido por el presidente Nicolás Maduro, denunció a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI)  y reclamó a la fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda, que abra una investigación contra Washington por “crímenes de lesa humanidad”.

El canciller en una rueda de prensa mencionó que las medidas de Estados Unidos tienen como víctima fundamental a la “población civil venezolana que ha muerto, que ha sufrido enfermedad y obstáculos para su alimentación”.

El documento, de unas 60 páginas, contiene “datos estadísticos, tiene hechos, se pasea por las razones jurídicas, por la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales, por la jurisdicción que tiene la CPI para investigar, enjuiciar y determinar responsabilidades de los hechos”.

El jefe de la diplomacia venezolana puso como ejemplo los efectos que las sanciones han tenido en la industria petrolera venezolana, corazón económico del país, pues han perjudicado al “traslado de piezas, su reparación o a los procesos de refinado”.

La CPI solo investiga la responsabilidad penal de individuos y no trata litigios entre Estados. La denuncia venezolana no nombró a ningún alto oficial de Estados Unidos por su nombre pues, según Jorge Arreaza, debe ser la fiscal Bensouda quien los señale.