El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), César Cárdenas, anunció el inicio de un proceso administrativo sancionador en contra del expresidente Alberto Fujimori, por las presuntas coordinaciones hechas en la conformación de la lista de candidatos de Fuerza Popular para las elecciones congresales del próximo año.

 

Sostuvo que según el artículo 33, inciso 2 de la Constitución, establece que toda persona que tenga condena firme tiene restringido el acceso a la ciudadanía, siendo que el Tribunal Constitucional estableció que este artículo se refiere a los derechos políticos.

 

“El Consejo Nacional (del INPE) ha dispuesto el día de hoy se abra el procedimiento disciplinario correspondiente para poder determinar las consecuencias de este comportamiento y las medidas correctivas que tenemos que tener, en función no solo al tema de las comunicaciones sino a las visitas que también tuvo”, expresó a un medio nacional.

 

En ese sentido, manifestó que en este proceso se evaluará sobre el hecho concreto denunciado sobre el presunto ofrecimiento de Fujimori Fujimori a un postulante, Crisóstomo Benique, para integrar la lista de Fuerza Popular para las elecciones del 26 de enero de 2020.

 

“Toda persona que está en una cárcel tiene restringido el ejercicio de la actividad política, no puede ejercer actividad política dentro de un establecimiento penitenciario, de manera que, en función a esos parámetros vamos a establecer las sanciones que tuvieran lugar sino las medidas correctivas que puedan ser necesarias”, refirió.

 

Cárdenas explicó que Alberto Fujimori se encuentra dentro de un régimen ordinario por lo que tiene acceso al teléfono público, pero que este hecho será evaluado ante lo denunciado por diversos medios de comunicación.

 

Respecto a las posibles sanciones, comentó que existen diferentes niveles, pero que en términos generales, de probarse alguna falta, tomarse la decisión de restringir el uso del teléfono así como una posible restricción del acceso a las visitas al establecimiento penitenciario de Barbadillo.

 

Agregó que no existe un plazo para culminar el proceso administrativo sancionador, pero que se hará “lo más rápido posible y respetando el derecho a su defensa”.

 

“Se darán todas las facilidades, pero un interno a nivel nacional sabe qué obligaciones, restricciones y derechos puede ejercer cuando esté dentro de una prisión”, añadió.