La ola de protestas contra la polémica reelección del mandatario Evo Morales escala en Bolivia, donde el gobierno propuso este martes al candidato opositor Carlos Mesa sumarse a una auditoría internacional de la elección presidencial para intentar detener la violencia callejera.

García detalló que la auditoría, que ya había sido acordada la semana pasada por el gobierno y la OEA y para la que aún no se divulga un cronograma, será acompañada “por México, Paraguay y Perú”.

Pero el nuevo llamado al opositor, hecho por García en una declaración desde la casa de gobierno, siguió a las denuncias de Morales la víspera señalando que seguidores de Mesa pretendían cercar este martes el despacho presidencial en el marco de las protestas iniciadas la semana pasada en gran parte del país denunciando un fraude electoral.

Este martes, la oposición “ha decidido concentrarse y cercar la Casa Grande del Pueblo”, como llama Morales a la Casa de Gobierno, alertó el mandatario la noche del lunes ante una multitudinaria concentración de trabajadores y campesinos, que festejaron su triunfo electoral del 20 de octubre en El Alto, ciudad vecina de La Paz.

Morales, de 60 años y en el poder desde el 2006, asegura que las protestas forman parte de un plan de “golpe de Estado” en su contra que, según dijo el domingo, la oposición había decidido ejecutar como máximo este martes.

Frente a esas acusaciones, Mesa, el expresidente centrista que pide la anulación de las elecciones, desafió el lunes al gobierno en una masiva concentración, especialmente de jóvenes universitarios, en un barrio acomodado de La Paz: “Aquí estoy, o voy a la cárcel o voy a la presidencia”.

El líder derechista del comité cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aliado de Mesa, llamó también a continuar una huelga, con cortes viales y manifestaciones callejeras, que se inició el miércoles pasado.

“Cercar” La Paz

Los opositores cuestionan el escrutinio de los comicios del 20 de octubre, que inicialmente anticipaba un balotaje, pero que tras un silencio de 20 horas en el conteo rápido de votos anunció unos resultados que hacían presagiar una victoria de Morales en primera vuelta, lo que generó sospechas y suspicacias. La autoridad electoral terminó confirmando el triunfo del presidente días después.

En La Paz, manifestantes opositores bloquearon calles y chocaron con agrupaciones de mineros y campesinos oficialistas provenientes de zonas andinas llegados para cercar la ciudad, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y cortar el suministro de alimentos y la provisión de agua potable.

“Estamos haciendo un llamado para que nuestras bases vengan y (...) aumentemos este cerco. Nosotros no vamos a aceptar que haya un golpe de Estado. Vamos a defender la democracia, el respeto al voto indígena, campesino, intercultural, contra el racismo”, sostuvo Henry Nina, líder sindical oficialista.

Los aliados de Morales dieron un plazo de 24 horas a los opositores para abandonar la protesta.

Los cortes de calles más drásticos han sido en la zona sur de La Paz, donde habita la clase media y alta, mayoritariamente contraria a Morales. Ahí también se exacerbó la pugna racial, en un país donde las familias más pobres son indígenas.