“Lo decimos con claridad, los intereses del país no son los intereses de la Southern Perú, ni se reducen a los intereses del gran capital representado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMMPE) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) como difunde la derecha empresarial y política”, señaló en un pronunciamiento.

 

El grupo parlamentario indicó que la suspensión por 120 días de la licencia de construcción de la mina de cobre “es un avance”, pero “no resuelve definitivamente la conflictividad social”. El viernes último, el Ejecutivo de Martín Vizcarra adoptó dicha decisión mientras se resuelven los recursos legales presentados por las autoridades de Arequipa, que consideran que la iniciativa extractiva, que requerirá de una inversión de 1.400 millones de dólares, dañará el ecosistema, los recursos hídricos y los cultivos de la zona.

 

Para la bancada del Frente Amplio, el problema social que se registra en esa parte del país es producto de la “imposición del poder minero de un proyecto que es técnicamente inviable, que no cuenta con el consentimiento de la población y que es atentatorio a los derechos y formas de producción de los agricultores y población del Valle de Tambo”.

 

Por otro lado, la bancada del Frente Amplio respaldó “el inmenso pedido ciudadano” de adelantar las elecciones general para abril de 2020. “Exigimos que el Congreso de la República agende con carácter de urgencia el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo”, demandó.