El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, informó que la medida cautelar presentada por el titular del Congreso, Daniel Salaverry, ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad “podría detener el proceso” que lleva a cabo la Comisión de Ética, la cual aprobó la semana pasada el informe final que recomienda su suspensión durante 120 días.
“La acción de amparo tiene como objeto evitar que se cometa un abuso en los derechos fundamentales de una persona y, obviamente, está dirigida contra cualquier autoridad que pueda cometer un abuso. En una medida cautelar la jueza podría detener el proceso”, señaló en declaraciones a la prensa al explicar las medidas adoptadas por Salaverry.
Respecto a los cuestionamientos de la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, a Salaverry por haber presentado este recurso judicial ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Lecaros precisó que se trata de una decisión de la persona afectada, en este caso de Salaverry.
“La ley establece que la acción de amparo se puede presentar a elección del afectado, en el lugar en que se comete la afectación o el lugar de su domicilio y tengo entendido que el señor Salaverry domicilia en Trujillo. Una persona puede tener varios domicilios y, de acuerdo al Reniec, tiene domicilio legal en Trujillo”, anotó.
Finalmente restó importancia al cuestionamiento que hizo la fujimorista Milagros Salazar, integrante de la comisión, respecto a una presunta vinculación de Salaverry con la jueza a cargo del caso, quien sería su compañera de promoción.
Congreso y la Justicia
Cuando creíamos haber resuelto con prudencia y sensatez una crisis de alcances imprevisibles en el Congreso, estalló el caso Daniel Salaverry. Como si faltaran pruebas de la tesis del presidente Martín Vizcarra sobre el vínculo intrínseco entre la reforma política y la lucha contra la corrupción, el destino del presidente del Congreso oscila entre la Comisión de Ética y un Juzgado de Trujillo.
