El expresidente Alejandro Toledo tendrá que esperar hasta el 12 de setiembre para saber qué decide el juez de Estados Unidos, Thomas S. Hixson, sobre la decisión que tomará sobre el pedid, para afrontar en libertad bajo fianza, el proceso de extradición en su contra por las presuntas coimas que recibió de Odebrecht.

 

La fiscal federal de Estados Unidos, Elise LaPunzina, advirtió que existía por parte de Alejandro Toledo, un alto riesgo de fuga, mientras que el exgobernante afirmaba que no tenía intención de vivir fuera de Estados Unidos.

 

La vista, que se efectuó ayer, estaba inicialmente programada para el 22 de agosto, pero el magistrado decidió su postergación después de que la defensa presentara documentos para sustentar su oposición al encarcelamiento de Toledo.

 

El juez Thomas S. Hixson, señaló que la Corte querría recibir la respuesta del Gobierno, en relación con el escrito de oposición de Alejandro Toledo a su detención.

 

Alejandro Toledo, tendrá que acreditar que existen circunstancias especiales o alguna demora en su proceso de extradición, para que se le puede otorgar la libertad bajo fianza.

 

El exgobernante está acusado de haber recibido hasta 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht a cambio de favorecer a la constructora brasileña en sus negocios en Perú cuando él aún era presidente, y ha pasado los últimos dos años prófugo de la Justicia peruana en la localidad de Menlo Park (California), cerca de San Francisco.

 

Graham Archer, abogado de oficio del exmandatario, ingresó un escrito en la víspera en la que pidió al magistrado se le otorgue libertad bajo fianza por las condiciones inhumanas que vive en la cárcel donde está confinado.

 

En el documento se alega que no existe peligro de fuga del exmandatario peruano y que no se ha revisado su declaración jurada sobre su estado financiero.

 

Se debe recordar que Alejandro Toledo Manrique, fue arrestado el pasado martes 16 de julio, luego que el juez norteamericano aceptara el pedido de arresto con fines de extradición, que el propio Estado Peruano presentó en febrero del 2017. Este proceso de su captura duró dos años cinco meses.