Una comisión especial del Congreso de El Salvador acordó retirar la inmunidad constitucional al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz para que enfrente un proceso penal por supuestamente abusar sexualmente de una niña de 10 años. Esta decisión debe ser ratificada por el pleno legislativo el 4 de marzo.
La diputada Cristina Cornejo, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y presidenta de la comisión especial de antejuicio, señaló a periodistas que se aprobó por “unanimidad” el dictamen para retirar el fuero a Escalante.
Cornejo apuntó que los legisladores consideraron que existen los “elementos suficientes” para establecer que se dio el delito denunciado, por lo que el proceso debe pasar a una corte penal para que “pueda resolver sobre la culpabilidad o inocencia” de Escalante.
Señaló que el acusado presentó una solicitud de “allanamiento” para renunciar a su fuero, pero que la comisión no le dio luz verde porque “legalmente no procede”.
La diputada de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Patricia Valdivieso dijo que se tiene como prueba contra Escalante la declaración de la víctima, lo que es “razón suficiente” para que “él enfrente los tribunales de justicia”.
“Tenemos el compromiso con la niña, con su madre, con la familia salvadoreña y la gente más vulnerable del país para sentar un precedente y evitar que estos hechos se repitan”, acotó Valdivieso.
La denuncia
El magistrado, de 50 años, fue denunciado por la madre de la menor en la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de la localidad de Soyapango, sitio donde se habría cometido el supuesto delito la pasada semana. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su desafuero para que sea juzgado en los tribunales.
Escalante es magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil desde noviembre de 2007 y anteriormente desempeñó el cargo de juez cuarto de lo Mercantil, cargo al que llegó en marzo de 2003, después de ser asistente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador.
El artículo 236 de la Constitución salvadoreña establece que los jueces de segunda instancia “responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan”, por lo cual no fue llevado a un centro judicial tras su detención.
