El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, anunció que presentará de inmediato ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la relación de magistrados con pedidos de destitución aprobados por la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), para que evalúe y defina su permanencia en el sistema de justicia.

Sostuvo, asimismo, que presentará al nuevo Congreso, que será elegido el 26 de enero, un plan de reformas constitucionales y legales para fortalecer la autonomía institucional y permitir cambios urgentes en los marcos normativos de la justicia de paz, procesos de flagrancia, conciliación y arbitraje.

Esto con el fin de solucionar en forma real los problemas de carga procesal que hoy afectan al Poder Judicial y atentan contra un servicio rápido y eficaz.

También adelantó que será implementado un plan de reingeniería institucional que incluye la mejora de los recursos y capacidades tecnológicas, recursos humanos e infraestructura necesarios para su ejecución.

La autoridad judicial señaló que estas propuestas están contempladas en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional al 2030, que este mes será sometido a la aprobación de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

De igual forma, Lecaros Cornejo destacó el buen trabajo de los jueces de todo el país, y citó como ejemplo de ello, la importante labor que desarrollan los magistrados de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Señaló que estos jueces han demostrado amplia capacidad para juzgar delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios satisfaciendo las exigencias de la ley y de la ciudadanía.

En otro momento, la autoridad judicial también resaltó los avances en el despliegue a nivel nacional del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en la especialidad No Penal.

Sostuvo que cinco distritos judiciales ya están trabajando con el EJE en materia laboral, y su capacidad de producción en términos porcentuales es 30 % superior a la de un órgano jurisdiccional ordinario.

Refirió que este proyecto del EJE No Penal está financiado en su integridad gracias al préstamo suscrito entre el Estado peruano y el Banco Mundial por US$ 158 millones.