Contraloría demandó a entidad para que repare por la pérdida de 80 722 frascos de vacunas, ocurrido el año 2016.
El Poder Judicial declaró fundada la demanda sobre indemnización por daños y perjuicios que realizó la Procuraduría Pública de la Contraloría contra cuatro servidores de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque que estuvieron involucrados en una irregular adquisición de vacunas en 2016.
Se trata del exgerente de la Geresa, Víctor Hugo Torres Anaya; el exdirector ejecutivo de Administración de la Geresa, Segundo Wilson Pérez Medina; el exdirector ejecutivo de Medicamentos, Drogas e insumos de la Geresa, Óscar Reluz Salazar; y del exjefe de Logística de la Geresa, Arnulfo Seclén Delgado, quienes deberán pagar la suma de S/1’677,566.74, por daño emergente “más intereses legales que se computarán desde la fecha en que se produjo el daño, esto es desde el 1 de enero del año 2016”, reza la sentencia emitida por el Sexto Juzgado Especializado Civil de Chiclayo.
Sentencia
Los hechos se remontan a inicios de 2016, cuando una comisión auditora de la Contraloría detectó que entre el 1 al 4 de enero de ese año se produjo la ruptura de la cadena de frío de 80 722 frascos de vacunas que se encontraban almacenadas en la Cámara 1 del Almacén Regional de Vacunas de la Geresa, lo que provocó que los productos biológicos se echaran a perder porque perdieron “su efecto inmunológico y propiedades de calidad”. La pérdida se cuantificó en S/1’677,566.74.
La investigación reveló a continuación que esta situación se pudo haber evitado si la Geresa hubiera contado con un plan de contingencia que asegurara la calidad de las vacunas, y si hubiera incluido este tema en los recursos financieros del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de los años 2015 y 2016, algo que finalmente no se hizo.
Además, se encontró que la entidad tampoco previó que no se presentaran fallas en las instalación internas de las cámaras, pues la cadena de frío se interrumpió porque se cortó la energía eléctrica.
El órgano auditor también terminó evidenciando que las alertas sobre esta problemática fueron comunicadas directamente a los funcionarios responsables de su cuidado, como es el caso de los tres servidores a los que el Poder Judicial les halló responsabilidad civil.
