Otra autoridad electoral a su medida. El régimen de Nicolás Maduro se prepara para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y convocar elecciones legislativas antes de diciembre –corresponde este año renovar el poder legislativo para un nuevo periodo de cinco años–, lo que ha sido rechazado por inconstitucional por la oposición que lidera el presidente interino y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Hace un mes, Maduro dio la orden de convocar unas nuevas elecciones parlamentarias para desbancar finalmente a Guaidó y a los opositores, que son mayoría en la Cámara, y así poder recuperar el control de la misma. El procedimiento utilizado por el chavismo es manipulador y violador de la Constitución nacional. En primer lugar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el brazo jurídico del régimen, ratificó al usurpador Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, despojando a Juan Guaidó del cargo, y luego a través de la sentencia N° 0068-2020 de la Sala Constitucional ordenó asumir el desarrollo normativo al Consejo Nacional Electoral y declaró «omisión legislativa» para asumir las competencias y nombrar directamente a los nuevos rectores.
Esta sería la quinta vez que el Supremo de Maduro nombra a la autoridad electoral pasando por encima del poder legislativo. La última en 2016 al cuando ratificó a Socorro Hernández y Tania D’ Amelio en sus cargos. En diciembre del 2014, cuando Diosdado Cabello era el presidente de la Asamblea Nacional y la oposición había ganado por mayoría las elecciones legislativas de ese año, se declaró «omisión legislativa» y, antes de que el periodo chavista terminara, el Supremo aceleró el procedimiento y nombró a los rectores del Consejo Electoral. Ahora, nuevamente, invoca la figura de la «omisión legislativa» con la excusa de que el Parlamento venezolano se encuentra en desacato desde 2017.
Elecciones fraudulentas
La reacción de la oposición ha sido contundente. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, advirtió que «cualquier autoridad electoral que no sea nombrada por la legítima Asamblea Nacional será rechazada y desconocida por Venezuela y el mundo».
«Esta decisión no solo es ilegítima por su origen (un poder judicial usurpado) sino que también carece de cualquier razonamiento lógico o jurídico, puesto que no se puede hablar de omisión legislativa cuando existe un proceso parlamentario en desarrollo para nombrar las nuevas autoridades del CNE a través del comité de postulaciones electorales», dijo.
Reconocido por 60 países, Guaidó llamó a los venezolanos a aumentar la presión, con protestas de calle, para impulsar un gobierno de emergencia nacional. También pidió a sus aliados internacionales ejercer «la mayor presión posible» para desconocer al CNE chavista. «Pueblo de Venezuela y comunidad internacional cada día se hace más necesaria la presión conjunta de las fuerzas democráticas en torno a la protesta interna junto a la mayor presión posible de parte de la comunidad internacional para impulsar un gobierno de emergencia nacional que salve a los venezolanos de una catástrofe sin precedentes y permita llevar al país al retorno de la democracia», señala el comunicado del Parlamento opositor.
