La normativa del Ministerio de la Producción ya fue publicada, pero el sistema de fiscalización, control y adecuación al servicio, que debe implementar el municipio, aún no se ha cumplido.

Para que un restaurante puede brindar servicio delivery durante la emergencia, debe contar con autorización municipal, después de cumplir una serie de requisitos, entre ellos que todos sus trabajadores salgan negativo a la prueba molecular y estas deben realizarse en un laboratorio acreditado por el Minsa.

Fue claro en indicar que hasta el momento ningún empresario se acerca a averiguar sobre el tema y los que ya brindan delivery, lo hacen de manera ilegal. Los representantes deberán ser sometidos a una acción penal, por ir contra de los protocolos de emergencia y exponer la salud de trabajadores y público.

No solo se exponen al cierre del local, sino a una acción penal por delito contra la salud pública en la modalidad de riesgo de contaminación por Covid.

Díaz Alvarado dijo que es necesaria la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito, Fiscalización y Sanidad de la municipalidad.

También deben tener en cuenta el proceso de embalaje y entrega del servicio; vestimenta del trabajador que prepara y entrega los alimentos; la ventilación y otros aspectos.

Otro requisito es que los empresarios deben llevar un curso online para acreditar y validar los conocimientos de inocuidad, seguridad y manipulación alimentaria.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Lambayecana de Gastronomía, Agustín Jordán Zunini, dijo que existe incertidumbre, puesto que hace unos días se publicó un comunicado de la municipalidad que prohibía el servicio; sin embargo, hay muchos que ya lo hacen. Pidió información clara y veraz para que sea respetada y evitar confusiones.