La Fiscalía solicitó 9 años y 3 meses de prisión contra la actual ministra de la Producción, Rocío Barrios Alvarado, así como su inhabilitación en un cargo público por el presunto delito de peculado doloso por apropiación.

Además de Barrios, la acusación también involucra a Ángel Leonardo Cornejo Alejandro, Carlos Enrique Escalante Coca, Carmen Ruth Ibárcena Espinoza, Ángel Eulogio Portugal Vargas y Anthony Elías Torres Luna.

En su requerimiento de acusación, el fiscal Edwin Manrique advierte que Barrios, en su condición de funcionaria pública de la PCM, “se apropió dolosamente” de 177.279.00 soles luego que “de manera consciente” suscribiera una resolución que autorizó el pago de este monto a favor de las empresas Andrea S.A.C. y Grupo Torres & Torres Luna SAC.

Según el fiscal, las empresas no brindaron el servicio de mantenimiento correcto de la flota vehicular de la PCM y todo esto se trató de “una simulación de prestación de servicios”. Como prueba, el supuesto contrato “no contaba con órdenes de servicio, ni con conformidades ni ninguna evidencia de la realización de los cuestionados servicios”.

Entre los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio, el fiscal presentó la copia de un informe de auditoría de la PCM, el cual concluye que funcionarios y servidores de la Oficina General de Administración “consintieron el pago de servicios por mantenimiento correctivo de vehículos por el importe de S/. 177,279.00 a los proveedores Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna, “sin contar con la conformidad técnica detallada de los mismos”.

Dentro de las conductas atribuidas a la ministra Barrios, se le imputa, en su condición de directora de la Oficina General de Administración, ser autora del delito de peculado doloso por haber suscrito, en diciembre del 2014, una resolución directoral que autoriza el reconocimiento del pago por la presunta prestación de servicios de mantenimiento correctivo de unidades vehiculares de la PCM a favor de estas dos empresas por un monto ascendente a S/. 110, 123.81, a pesar de que “no existía evidencias de haberse realizado los servicios”.