La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, afirmó estar trabajando junto al Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP) para que, a través del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), se mejore la actual normativa de legislación penal, que tiene sanciones totalmente severas.

“Entre las cosas que queremos hacer y que nos corresponde como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) es justamente identificar esos errores y hacer una propuesta de tipo normativo en donde se pueda tener algo más armónico”, señaló ayer sábado la ministra.

Al respecto, imploró a los integrantes del próximo Parlamento Nacional a que sean conscientes cuando se les presente esta nueva propuesta, que tendrá como principal objetivo mejorar la legislación penal del Perú.

“La idea es que no hagamos políticamente lo más vendible como poner penas altísimas o casi casi cadenas perpetuas frente a cualquier conducta, cuando lo que se busca en cualquier sociedad es resocializar a las personas que cometan faltas. Ya el hecho de estar una persona privada de su libertad dos años es un montón, no es poco cosa”, agregó.

Sobre esa línea, la ministra Revilla criticó el alto índice de penas privativas y, por otro lado, la baja cantidad de medidas alternativas.

“Las personas que están privadas de su libertad en el Perú sienten una situación mucho más de desprotección. Aquí es mucho más difícil que en cualquier centro penitenciario de otros países porque tenemos serios problemas de hacinamientos”, detalló.

En ese sentido, manifestó que tienen como tarea identificar si es que las personas privadas de su libertad han sido juzgadas correctamente.

“Nos corresponde la cantidad de años que permanecerán en los penales y eso tiene que ver de alguna manera también con el rol que juega el Poder Judicial. Nosotros no podemos interferir en sus decisiones, pero si podemos mostrarles los casos en los que se ve que hay una evidente desproporción”.

Refirió, además, que se está haciendo demasiado uso de la prisión preventiva, medida coercitiva de carácter personal, que afecta a la libertad y que tiene por finalidad asegurar la presencia de la persona que está siendo sometida a una investigación y que esta concurra a todas las diligencias, para alcanzar la verdad y la justicia.

“Cada vez más hay más personas privadas de su libertad mientras que se va a averiguar que hizo. Hay un exceso. No me refiero a los casos mediáticos de corrupción, sino, en general, a la mayoría de los incidentes de ciudadanos. Cada magistrado tiene que ser consciente que la prisión preventiva no debe de ser manera tan excesiva como las estamos utilizando”, apuntó.

En otro momento, propuso aplicar castigos de prestación de servicios a la comunidad, como alternativas a la pena privativa de la libertad en los delitos que se sancionan con un máximo de cuatro años.