El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), presentó la respuesta a la demanda competencial presentada por el Congreso de la República, respecto a la disolución de dicho poder del Estado.

“Ya se ha presentado el escrito, se tiene que poner en conocimiento del pleno del TC y su titular resolverá cuándo será la audiencia pública o vista de la causa. Luego de la audiencia, el TC tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre el tema y esperamos que sea pronto porque hemos cumplido con presentar el descargo con bastante anticipación”, señaló.

Huerta refirió que la parte demandante plantea que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no puede hacer uso de su facultad de disolver el Congreso y, con ello, “busca evitar que la ciudadanía se pronuncie sobre la crisis política”.

“Los argumentos de la demanda pueden ser fácilmente desestimados por el Tribunal Constitucional, porque carecen de perspectiva o visión constitucional, deja de lado los fundamentos de un Estado constitucional que son la participación de la ciudadanía a través de sus derechos fundamentales”, precisó.

En ese sentido, aseguró que el pasado 30 de setiembre lo que el Poder Ejecutivo le dijo al Congreso fue: “sigue un proceso transparente en la elección de los magistrados del TC”, pero el Parlamento dijo: “no lo haré”.

Como se recuerda, La demanda competencial fue presentada el 10 de octubre por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quien sustentaba su posición en los artículos 109 y 110 del Código Procesal Constitucional.

El documento argumenta conflicto de competencias “respecto del planteamiento de las cuestiones de confianza que formuló el presidente del Consejo de Ministros”.

Refiere que el Ejecutivo “no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza respecto de atribuciones que son de competencia constitucional exclusiva del Congreso”, y que la confianza debe plantearse, debatirse y someterse a votación.

Disolución

El pasado 30 de setiembre, el Poder Ejecutivo solicitó cuestión de confianza el pedido para modificar el mecanismo de elección de los magistrados al Tribunal Constitucional e instó a que la votación de este pedido se produzca antes de la elección de nuevos magistrados, algo que no sucedió.

Tras ello, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dispuso la disolución constitucional del Congreso, al haberse denegado en dos oportunidades la confianza al Consejo de Ministros.