La Contraloría General de la República está a la espera que el Poder Ejecutivo apruebe el proyecto de Decreto de Urgencia para reactivar las obras paralizadas, con lo cual “se permitirá acabar con la frustración que tiene el pueblo de ver diversos proyectos de inversión que no han sido concluidos y están abandonados, que están a la espera de una solución”, señaló el contralor general Nelson Shack.

Shack Yalta mencionó que hasta julio del 2018, la Contraloría identificó 867 obras nacionales y regionales paralizadas, con un monto de inversión aproximado de S/ 16,870 millones, aunque la cantidad de obras podría aumentar a 6,000 si se consideran las que tienen los diversos municipios del país.

La citada propuesta plantea la aplicación de un régimen excepcional que posibilite a las entidades públicas la culminación de obras paralizadas en todo el territorio nacional de sectores esenciales como salud, educación y saneamiento, además de otras medidas que fortalecen la lucha contra la corrupción.

El Contralor General detalló que entre las medidas planteadas se encuentra la expansión del modelo de control concurrente a todo tipo de contratos a nivel nacional, para asegurar que los recursos públicos sean ejecutados cumpliendo con las normas y que los funcionarios actúen correctamente.

Arbitrajes

Asimismo, el proyecto de norma plantea elevar el estándar de transparencia en los arbitrajes y en la labor que realizan los árbitros. “Hay árbitros que trabajan para un estudio de abogados y el estudio es cliente de una firma. Eso se debe transparentar”, subrayó.

En el mismo sentido, señaló que la propuesta plantea mejorar la regulación de la labor de los supervisores de obra haciéndolos responsables solidarios de los incumplimientos del ejecutor, y estableciendo el deber de remitir una copia de sus informes a la Contraloría, porque hoy no están obligados a responderles a los auditores.

En otro momento, destacó que la norma que plantea al Poder Ejecutivo también propone medidas urgentes a favor de la Contraloría con la finalidad de asegurar la intervención oportuna y la presencia del control concurrente a nivel nacional, continuando con el proceso de absorción de los Órganos de Control Institucional (OCI) de los gobiernos regionales y locales.

“El proceso de fortalecimiento busca garantizar la presencia efectiva del control particularmente a nivel de las regiones y municipios en el marco del proceso de reforma estructural del sistema nacional de control que viene implementándose desde la Ley 30742 y que permitirá que lleguemos al bicentenario con un sistema de control moderno y eficiente que sea capaz de prevenir, detectar, investigar y sancionar la inconducta funcional y la corrupción, para beneficio de todos los peruanos”, finalizó.