Una juez bloqueó una norma anunciada en julio pasado por el gobierno del presidente de EU, Donald Trump, que ampliaba el alcance de la deportación acelerada de inmigrantes indocumentados.

Las deportaciones expeditas se aplican a inmigrantes indocumentados capturados en los 14 días siguientes a su entrada al país y dentro de un área de 160.9 kilómetros en el territorio estadunidense delimitada a partir de la frontera con México.

La medida del 23 de julio, firmada por el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, amplía este procedimiento a las personas indocumentadas en cualquier parte del país que no puedan probar que han permanecido en EU durante dos años o más.

La normativa está dirigida a los extranjeros que están en el país “sin haber sido admitidos” o quienes permanecen “en libertad condicional luego de la inspección de un agente de inmigración en un puerto de entrada”.

Al amparo de esa directriz, el extranjero que sea colocado en un proceso de deportación “acelerada” y que manifieste su intención de solicitar asilo “será entrevistado por un oficial de asilo” que determinará si tiene “un temor creíble”.

“Si el oficial de asilo determina que el extranjero ha establecido un temor creíble; el extranjero será remitido a un juez de inmigración para que siga considerando su solicitud de asilo”, señala el documento publicado en el Registro Federal, pero en caso contrario será deportado sin haber tenido acceso a una audiencia.

La Casa Blanca lamentó que, “una vez más”, un juez de distrito haya suspendido la aplicación de la ley federal.

La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, defendió que el gobierno de Trump “ha utilizado esta herramienta para responder a la crisis sin precedentes” en el sistema de migración.

La medida se conoció después de que la juez Dolly M. Gee, de la corte del Distrito de California, bloqueara una decisión del gobierno de acabar con el Acuerdo Flores, que prohíbe detener a niños inmigrantes más de 20 días.