A la fecha, son 9 mil 701 exservidores públicos que tienen inhabilitación vigente para trabajar en el Estado, producto de sanciones impuestas desde el 2013 a la fecha, según informó Magali Meza, responsable de la Gerencia de Desarrollo de Recursos Humanos de Servir.

 

Añadió que, de esa cifra, 2,343 corresponden al período enero-agosto del año en curso. El 62% de los inhabilitados pertenece a entidades del gobierno nacional, el 26% a los gobiernos regionales y el 10.3% a las municipalidades.

 

En el Estado existen tres tipos de sanciones: amonestación escrita; suspensión, que puede ser de uno a 365 días; y la inhabilitación, que va de un año a cinco años como máximo, salvo las que provengan de una sentencia firme del Poder Judicial, que pueden ser mayores.

 

Meza señaló que todas estas sanciones por faltas administrativas están inscritas en el Registro Nacional de Sanciones Contra los Servidores Civiles (RNSSC) a cargo de Servir, como una manera de transparentar la fiscalización en el Estado. En la actualidad ese registro contiene los nombres de 18,700 sancionados.

 

Además, indicó que desde el año 2013, es obligatorio que los responsables de las entidades del Estado consulten este registro cada vez que contraten personal, para evitar el ingreso de personas inhabilitadas, y no hacerlo puede acarrear una sanción disciplinaria.

 

El año que registro el mayor número de inhabilitados fue el 2018, cuando se alcanzó un pico de más de cuatro mil inhabilitados.

 

En declaraciones al diario El Peruano, la funcionaria de Servir comentó que es comprensible que el mayor porcentaje de inhabilitados (62%) se presenten en el gobierno central, por la mayor cantidad de trabajadores en este sector con respecto al ámbito regional y municipal, pero también por la mayor ejecución de gasto, el cual genera un alto riesgo de cometer faltas administrativas.