Clarín (Argentina).– El Ministerio de Defensa de China hizo referencia hoy a la Ley de Acuartelamiento, por la cual las tropas del Ejército Popular de Liberación pueden, a petición del gobierno de Hong Kong y con el objetivo de “mantener el orden”, entrar en la ciudad, donde hace semanas comenzaron protestas pro-democráticas.
“El artículo 14 de la Ley de Acuartelamiento lo estipula claramente”, aseguró ayer en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Defensa chino Wu Qian en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre si las fuerzas armadas del país asiático intervendrían en la región administrativa especial.
El citado artículo establece la posibilidad de que el Gobierno de Hong Kong solicite ayuda a los militares chinos “para mantener el orden público y para ayudar frente a desastres”.
“Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos de Hong Kong, en particular el violento ataque de unos radicales a la delegación del gobierno el 21 de julio”, apuntó Wu, en referencia a un grupo de manifestantes que el pasado domingo vandalizaron el citado organismo arrojando pintura sobre el emblema nacional y pintando los muros exteriores con aerosol.
“La conducta de los manifestantes radicales (de Hong Kong) –continuó Wu– está desafiando la autoridad del gobierno central (de Pekín) y la base del (principio de) ‘Un país, dos sistemas”, por el cual China se comprometía a mantener durante 50 años las estructuras democráticas de Hong Kong al recuperar la soberanía de manos británicas en 1997. “Esto es intolerable”, apostilló Wu.
Las manifestaciones comenzaron hace siete semanas en Hong Kong contra una controvertida propuesta de ley de extradición que, según abogados y activistas defensores de los derechos humanos, podría traducirse en un acceso del régimen de Pekín a “fugitivos” refugiados en suelo hongkonés.
Para sus detractores, se trata de una ley que intimidará y penalizará a críticos y disidentes del régimen chino, mientras que sus defensores aseguran que busca llenar un vacío legal, ya que no existen fórmulas legales de extradición entre Taiwán, Hong Kong y la China continental.
No obstante, las manifestaciones han mutado hacia demandas más amplias sobre mejoras de los mecanismos democráticos de la ciudad, inexistentes en la China continental.
Por su parte, el Ejecutivo hongkonés decidió dejar en suspenso la tramitación de la propuesta de ley el pasado 9 de julio.