El Telégrafo (Ecuador).– Es una región sin ley, en manos de guerrillas que pelean a muerte el control del territorio, limítrofe con Venezuela, que ocupa el segundo lugar en siembra de coca de Colombia, con 28.000 hectáreas. Pero más que los combatientes, son los civiles los que sufren los embates de la guerra entre antiguos aliados.

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) desde 2018, y ahora también las disidencias del Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), convirtieron los 11 municipios del Catatumbo, departamento de norte de Santander, en su escenario de operaciones.

 

Para confrontarlos, el Estado aumentó su fuerza en 5.600 nuevos efectivos, pero no son la solución para superar la crisis profunda que vive la zona, agravada por la masiva llegada de emigrantes venezolanos, también víctimas del fuego cruzado. Son conclusiones del informe que Human Rights Watch presentó en Bogotá sobre una de las áreas más conflictivas de Colombia, donde viven 300.000 habitantes locales, además de 25.000 venezolanos.

 

“Los grupos armados cometieron numerosos abusos contra civiles, incluidos asesinatos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. También plantaron minas antipersonales e intentado controlar a la población por medio de amenazas, incluso contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos”, afirma el estudio titulado “La guerra del Catatumbo. Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noroeste de Colombia”.

 

Aunque no todos los crímenes tienen relación directa con el conflicto entre las guerrillas, la tasa anual de homicidios es “de casi 79 por cada 100.000 habitantes, aproximadamente tres veces la nacional”.