Dos meses después de haber dejado la alcaldía de Lambayeque, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios decidió formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra el exalcalde, Ricardo Velezmoro Ruiz.

 

Así lo expresa la Disposición N° Dos del despacho Anticorrupción que tiene como titular a Magaly Quiroz Caballero, quien inició las diligencias preliminares el pasado 29 de mayo de 2018.

 

Las indagaciones también incumbe a los exfuncionarios ediles y hombres de confianza de Velezmoro: Kovak Rufino Romero Yep, gerente de Asesoría Jurídica; José Del Carmen Baldera Chapoñán, subgerente de Logística-miembro de comité especial; Rald Clay de la Piedra Arévalo, subgerente de Logística; Segundo Ulises Mendoza Dávila, gerente municipal; Walter Martín Pérez Carranza, gerente de Infraestructura y Urbanismo-miembro del comité especial y Richard Andrés Fernández Flores, miembro del comité especial.

 

De acuerdo al Ministerio Público, Velezmoro y los arriba citados son investigados por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado - Municipalidad Provincial de Lambayeque.

 

 

 

La Fiscalía se basa en el Informe de Auditoría Nº 006-2017-2-0427 practicada a los actos preparatorios y proceso de selección para ejecución y supervisión de obra “Mejoramiento y ampliación de I.E 11096 J.C Mariátegui-CP-Eureka- Lambayeque”.

 

Según el informe de auditoría, “se tiene indicios que son de relevancia penal y que indicarían que existió un pacto colusorio entre los funcionarios municipales y el representante del Consorcio Eureka Hernán Valera Echaiz”.

 

Agrega, que según el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), la Licitación Pública Nº 009-2014 fue convocada el 17 de octubre de 2014 en la gestión el alcalde Percy Ramos Puelles.

 

Dicho proceso- señala el informe- de acuerdo al cronograma establecido debía realizarse del 20 de octubre al 26 de noviembre del 2014, fecha en la cual se otorgaría la buena pro, sin embargo fue variado al presentarse observaciones las cuales fueron elevadas al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), determinando que el comité especial no absolvió alguna de estas.

 

Luego de esto, los actos preparatorios y el proceso en sí, sufrió una serie de postergaciones y convocatorias, hasta que el gobierno municipal de Ricardo Velezmoro logró sacarlo adelante, pero con una serie de presuntos vicios e irregularidades, refiere la Fiscalía Anticorrupción.

 

 

 

La formalización también postula que, “a pesar de la falta de sustento técnico en el cambio de profesionales y la falta de subsanación de las deficiencias en la elaboración del expediente técnico relevadas por el antecesor de la gerencia de Infraestructura y Urbanismo, Martín Pérez Carranza, aprobó la modificación presupuestal por 4 millones 644 mil 203.20 soles…”.

 

Asimismo, que en la fase de ejecución contractual, el consorcio Eureka (ganador de la buena pro), mediante documento s/n de fecha 23 de octubre de 2015 presentó a la subgerencia de Logística los documentos para la firma del contrato.

 

“…el cual debió hacerse dentro de los doce días hábiles siguientes al consentimiento de la buen pro, es decir el 20 de octubre del 2015, sin embargo, lo presentó dentro de los catorce días hábiles sin que el postor ganador haya solicitado la ampliación de plazo”, reza el documento.

 

La Fiscalía advierte, que el consorcio Eureka no presentó la documentación completa conforme lo estipulaban las bases integradas del proceso de selección, así como la normativa de contrataciones.

 

“Esto pese a que no había cumplido con presentar toda la documentación requerida en las bases integradas y exigida en la normativa de contrataciones así como admitieron la modificación del porcentaje de los participantes de cada consorciado, lo cual está proscrito de la normativa de contrataciones”, refiere.

 

Otro punto que el Ministerio Público revela, es que todo esto ocasionó la afectación a la legalidad, transparencia, la libre concurrencia, competencia que debe regirse de manera estricta los actos y decisiones que se adopten en todo proceso de contratación pública, “habiéndose limitado la participación de más postores”.