El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, consideró que la Junta de Fiscales Supremos debe tomar acciones inmediatas contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, al considerar que la permanencia del cuestionado magistrado en el Ministerio Público no se puede sostener.

 

En declaraciones a Radio Nacional, Zeballos sostuvo que la situación de Chávarry se “caía de madura” con las evidencias de su responsabilidad en el deslacrado ilegal de las oficinas del Ministerio Público, a las que suma ahora la declaración de su exasesora Rosa María Venegas.

 

“En un mínimo de responsabilidad, la Junta de Fiscales Supremos debe tomar acciones inmediatas y ver la posibilidad de remover al fiscal Pedro Chávarry (cuya presencia) en estas circunstancias no se puede sostener”, expresó.

 

Recordó que, en su condición de fiscal supremo, Chávarry Vallejos goza de prerrogativas sobre el manejo administrativo y procedimental en el Ministerio Público, lo cual, advirtió, es sumamente delicado.

 

“Hay evidencias públicas y notorias que no hacen más que corroborar esa conducta ilícita que le hace mucho daño al Ministerio Público y esperamos que la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tome medidas urgentes”, señaló.

 

Consultado sobre la propuesta el ministro del Interior, Carlos Morán para otorgar arresto domiciliario a investigados en el caso Odebrecht, Zeballos indicó que las medidas restrictivas son una discrecionalidad de jueces y fiscales.

 

Según dijo, tampoco debe olvidarse que una disposición como esa generaría una sobrecarga laboral a la Policía Nacional.

 

Indicó que Morán formuló su planteamiento en el contexto de lo que está viviendo el país con la investigación del caso Lavo Jato, donde se tramitan de manera rápida pedidos de detención para los implicados, mientras que otros procesados gozan de libertad.

 

El ministro de Justicia, igualmente, se refirió a la denuncia hecha pública en redes sociales que involucraría a un parlamentario en actos de acoso sexual contra una periodista. Al respecto, respaldó la decisión del Procurador del Congreso de solicitar al denunciante revelar la identidad del legislador.

 

Consideró que no se puede apelar a la reserva para proteger estas acciones que se estarían dando en el Congreso.