Desde el próximo año la Contraloría General sancionará hasta con la inhabilitación de por vida a los funcionarios ediles y regionales que retengan el pago de AFP a sus trabajadores y no realicen los abonos previsionales respectivos, informó ayer la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones (AAFP).
Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP precisó que la Contraloría también incorporará en su fiscalización los no pagos registrados luego de la instalación del Régimen de Reprogramación de Pago (Repro – AFP), tras el cual muchas entidades ediles y regionales adquirieron nuevas deudas previsionales.
“La Contraloría también incorporará información de las deudas de las entidades públicas que se dieron entre el 2015 y 2018”, manifestó.
Acciones más drásticas
La representante de las AFP destacó que esta iniciativa evite que la deuda previsional siga aumentando.
“La autoridad que no haya cumplido con el pago de las pensiones, no va a poder ejercer ninguna función pública”, subrayó. Destacó que la colaboración de la Contraloría ayudará a “tener más dientes” para evitar que malos funcionarios se queden con el aporte previsionales de los afiliados.
“Los afiliados no solo se afectan por tener un menor fondo, sino que al aportar menos la rentabilidad que finalmente generan es menor. Adicional a ello muchos se quedan sin el seguro de invalidez”, remarcó.
