El último lunes, el Consejo de Ministros aprobó el decreto legislativo que permite sanciones hasta por 30 años por el delito de robo agravado, además de incorporar como agravante cuando el objeto sustraído sea un equipo celular o informático.

La iniciativa legal que se enmarca en las facultades legislativas delegadas por el Congreso en materia de seguridad ciudadana, generó reacciones contrarias.

Al respecto, el abogado Ricardo Ponte Olazabal consideró que la experiencia ya demostró que agravar la sanción no evitará que nuevos casos por robo puedan presentarse.

“Soy un entendido de que aumentar las penas o gravarlas no sirve como método disuasivo en ningún caso, nunca ha servido. Desde que se promulgó el Código Penal en 1991, (la pena del) delito de robo ha aumentado considerablemente, incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional la pena del delito de robo agravado, entonces aumentar las penas no es el factor determinante”, señaló.

En tanto, el pasdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), Carlos Martínez Oblitas, expresó que “no funcionará” seguir resolviendo los problemas de la seguridad ciudadana por sus consecuencias. “Esto no es más que una respuesta del gobierno para congraciarse con la ciudadanía, pero no lo va a conseguir por esa vía. Se busca resolver la delincuencia mediante la sobrecriminalización, las viejas teorías del derecho penal señalan que los fines de una pena es disuadir al criminal a que siga cometiendo el delito; no funcionará resolver los problemas de la delincuencia por las consecuencias y no por las causas”. acotó. Debido a ello, consideró que esta nueva modificatoria podría generar un incremento de las personas a encarcelar por este delito, y, en consecuencia, un nuevo hacinamiento de las cárceles en el país en un plazo no mayor a 6 meses.

“El delincuente no le teme a la cárcel. Las cárceles van a quedarse saturadas nuevamente, si es que se cumple la ley tal cual está, en menos de seis meses, tendríamos 150 000 nuevos presos y ¿a dónde irán?”, cuestionó. Ambos especialistas coincidieron en señalar que la seguridad ciudadana debe abordarse por la prevención, lo que significa implementar las acciones de investigación de la Policía o de la Fiscalía en sus actividades de prevención del delito.

De otro lado, Ricardo Ponte no evitó cuestionar la incorporación del robo de un celular o equipo informático como agravante de este ilícito,

“Creo que el aumento de robos de celulares y los actos de extorsión a través de estos equipos pueden tener una dosis de agravante, pero el hecho de robar un celular no incide en el peligro que pone a la víctima como sucede con un robo a mano armada, o cuando el robo se produce en la noche porque el delincuente actúa a sobre seguro. Ha sido un proyecto sin técnica legislativa”, añadió.