El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó impedimento de salida del país por 36 meses contra el excongresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, investigado por tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y organización criminal, informó ayer miércoles el Poder Judicial.

 

En su resolución, el tribunal señaló que todos los delitos imputados contra Becerril son sancionados –en el extremo mínimo–con una pena privativa de la libertad mayor a los tres años requeridos como presupuesto para dictar impedimento de salida del país.

 

“Por lo que se cumple con el requisito exigido para su imposición”, señala el documento.

 

De igual forma, el juzgado consideró que sí existe sustento indiciario respecto a las imputaciones planteadas por el Ministerio Público contra el exparlamentario, según el estado de las diligencias preliminares.

 

Además explicó que se encuentra acreditado el riesgo de fuga y de obstaculización de la actividad probatoria, al contar con un arraigo domiciliario débil.

 

En la audiencia, subrayó, Becerril titubeó y evidenció no conocer su dirección domiciliaria, lo que genera dudas, y no acreditó ocupación o trabajo, lo cual implica no tener arraigo laboral.

 

Asimismo, el juzgado estimó que, al ser investigado como integrante de una presunta organización criminal y teniendo en cuenta que dichas organizaciones poseen recursos suficientes para evitar ser descubiertos y eludir a la justicia, Becerril puede usar esos recursos para evadir su responsabilidad penal.

 

“A pesar de estar en diligencias preliminares existen elementos indiciarios graves que sustentan la investigación y la vinculan con los delitos materia de imputación”, añade la resolución.

 

Enfatiza, de igual modo, que existe riesgo razonable de que el exlegislador pueda salir del país en cualquier momento y se sustraiga de la persecución penal, y precisa que los 36 meses de impedimento de salida del país son razonables y se encuentran conforme a ley.

 

El Ministerio Público acusa a Becerril de haberse aprovechado de la función pública para obtener prebendas económicas; por ejemplo, haber usado su cargo para lograr la ejecución de tres obras públicas referidas a la transitabilidad peatonal y vehicular, entre otras.