El congresista Paul García (AP) presentó un proyecto de ley para sancionar con penas de hasta de 12 años de cárcel a aquellas personas que desvíen en forma ilegal las aguas subterráneas usados para el consumo humano, cobren por este recurso o corte este servicio.

 

El proyecto de Ley 5683/2020-CR, propone incorporar el artículo 203-A al Código Penal, para sancionar con penas de no menor de cinco ni mayor de 12 para los representantes de una asociación, organización, persona jurídica o natural que cobre tarifas por el uso de aguas subterráneas de propiedad del Estado, cuyo pago se debe efectuar a las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento EPS.

 

También para quienes cortan el servicio de las aguas subterráneas destinadas para uso de agua potable, con lo cual se impida la continuidad de los servicios de saneamiento durante una emergencia sanitaria y para el que, sin tener autorización de la autoridad competente para el uso de las aguas subterráneas, se aprovecha ilícitamente con la venta del agua para consumo humano.

 

El congresista indicó que su iniciativa busca evitar que se lucre con el agua y que se ponga en riesgo la salud de muchas familias, "ya que se desconoce el proceso de desinfección por el que haya pasado el agua puesta a la venta".

 

Sostuvo muchos los asentamientos humanos son víctimas de los famosos "aguateros" ilegales, que venden el agua de dudosa procedencia y a precios por encima del real en las diferentes zonas periféricas de Lima y Callao.

 

Este tipo de traficantes hacen uso de las aguas subterráneas, de propiedad del Estado, perforando pozos sin ningún tipo de autorización para aprovecharse ilícitamente con la venta de este líquido elemento, indicó el legislador.

 

Refirió que solo en Lima 1.5 millones de ciudadanos no cuentan con acceso a agua potable ni alcantarillado y se ven obligados a pagar hasta cinco veces más por este recurso, en comparación de las personas que si cuentan con conexión domiciliaria.

 

Explicó que los distritos más afectados por esta actividad son Puente Piedra, Ancón, Ventanilla y varios sectores del Callao.

 

El legislador aseguró que en la actualidad las penas para este tipo de actos ilícitos son muy benévolas, con penas de hasta cuatro años de prisión, lo que implica cárcel efectiva.