Según explicó, el artículo 93 de la Constitución indica que los parlamentarios son inviolables por sus votos y opiniones, pero en la reforma aprobada se incluyó que no sean responsables por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político y por todos los actos funcionales.

 

Para López, con ello se ha reforzado "con titanio y barras de acero encima" todo lo concerniente con la protección funcional de los legisladores.

 

"De cara al antejuicio, ¿qué delitos serían para llevarse al antejuicio? En mi modesta opinión prácticamente aquellos donde exista un dinero sobre la mesa, un cohecho, porque en todo lo demás podrían decir soy inmune por mi cuestión funcional", declaró ayer lunes.

 

El constitucionalista consideró, además, que se está generando un desequilibrio de poderes con lo aprobado por el Parlamento respecto a la inmunidad.

 

Por un lado, dijo, se protege a los congresistas y por el otro permite que el presidente de la República pueda ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad.

 

López refirió que una reforma requiere un análisis profundo y no que se haga en corto tiempo.

 

En la víspera, durante el último pleno de la primera legislatura ordinaria, el Congreso aprobó eliminar la inmunidad parlamentaria e introduce cambios en el tratamiento a altos funcionarios públicos, entre ellos, el presidente de la República.