El presidente Donald Trump ha aprobado la protección de las estatuas históricas de Estados Unidos por decreto, instando a la Fiscalía a solicitar penas de prisión máximas en los casos de arresto por vandalismo contra el patrimonio nacional. Además, se restringirán ayudas a autoridades estatales o locales que no hagan cumplir la ley y permitan que se derriben estatuas.
El presidente llega a ordenar en su decreto a la Fiscalía que pida penas de cárcel de 10 años en virtud de varias leyes, incluidas la de Protección de los Monumentos a los Veteranos de 1993 y la regulación de propiedad del Gobierno federal en el Código de EE.UU. Esta regulación afecta a todas las estatuas de propiedad federal, no sólo a los soldados y políticos confederados.
El decreto asegura que «es política de EE.UU. enjuiciar en la mayor medida permitida por la ley federal y, según corresponda, a cualquier persona o entidad que participe en los esfuerzos por incitar a la violencia u otra actividad ilegal en relación con los disturbios y actos de vandalismo».
Estas medidas llegan después de una oleada de derribos y de que los manifestantes hayan amenazado incluso con tumbar una estatua de Abraham Lincoln, el presidente que le ganó la guerra a la Confederación esclavista, junto al Capitolio en Washington. Han caído varias estatuas que conmemoran el legado hispano en EE.UU., como las de Cristóbal Colón o fray Junípero Serra.
En la red social Twitter, el presidente ha compartido un cartel del FBI, la policía judicial, en que se solicita información sobre 15 personas supuestamente involucradas en el intento de derribo de esculturas en la capital federal.
Junto con este decreto, Trump ya le ha encargado la custodia de estas estatuas al cuerpo de los U.S. Marshalls, una policía federal que depende del ministerio de Justicia y ha movilizado en Washington a 400 soldados reservistas de la Guardia Nacional para apoyarles.
Los Marshalls son el primer cuerpo de policía federal de EE.UU., fundados en 1789. Se encargan de las labores policiales relacionadas con la justicia federal, incluidos arrestos, protección de testigos y extradiciones. El cuerpo lo integran más de 2.500 agentes, a cuyos supervisores los elige el presidente directamente.
El pasado lunes una turba intentara tumbar la estatua ecuestre de Andrew Jackson, séptimo presidente de EE.UU., ante la entrada principal de la Casa Blanca. Ante aquel intento frustrado, el presidente Trump pidió a la fiscalía que aplique la ley de Protección de los Monumentos a los Veteranos y pida 10 años de prisión para quienes vandalicen esos monumentos.
Según ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, «el presidente Trump nunca permitirá que la violencia controle nuestras calles, reescriba nuestra historia o dañe el estilo de vida americano».
